«Ningún argumento político de salvaguarda de la identidad o el bienestar europeo puede prevalecer sobre los derechos humanos». De este modo tan contundente se expresó ayer la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, en la mesa redonda Jurisdicción penal e inmigración irregular, en el marco de las Jornadas sobre Derechos Humanos e Inmigración, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial en San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas de Gran Canaria. Durante su intervención, Bravo advirtió de los peligros de sancionar penalmente la ayuda que se presta a las personas migrantes que intentan acceder al territorio nacional de forma irregular y calificó de «inmorales» las políticas de «inmigración cero» puesto que castigan a quienes socorren a personas en peligro y «criminalizan la solidaridad». La consellera recordó que la actual regulación europea obliga a los Estados miembros a sancionar el favorecimiento de entrada, permanencia y tránsito ilegal de migrantes.
