El Grupo Municipal de Compromís, personado como acusación popular en la pieza A del caso Taula que investiga el presunto dopaje electoral cometido por el PP de València en las elecciones de 2007, 2011 y 2015, solicita doce años de cárcel para el exvicealcalde de València Alfonso Grau y otros cuatro años de prisión para el medio centenar de exconcejales y exasesores acusados del presunto pitufeo (blanqueo de capitales en pequeñas cantidades) en la contienda electoral de 2015. La petición respecto a Grau es levemente inferior a la de la Fiscalía Anticorrupción que solicitaba quince años de cárcel para la mano derecha durante años de la alcaldesa de València durante veinticuatro años. Para la alter ego de Rita Barberá y secretaria del grupo municipal del Partido Popular, María del Carmen García-Fuster, Compromís también solicita siete años de cárcel y otros cinco para Eduardo Santón y José Salinas, directivos de varias fundaciones municipales. Al igual que Anticorrupción, la formación valencianista también pide que el Partido Popular sea condenado como personas jurídica por blanqueo de capitales a cuatro años de multa con una cuota diaria de 100 euros diarios.
Compromís considera en su escrito de acusación que al menos desde 1990, fecha a la que se remontan la anotaciones en la libreta incautada a García-Fuster, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes en diversas formas de corrupción».
Por otra parte, la Abogacía de la Generalitat ha recurrido el archivo de la causa de la F1 por el aval de la Generalitat a Valmor en la que estaba investigado el exjefe del Consell, Francisco Camps.
