El desacuerdo en el seno del Botànic en torno a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2022 no se quedará en la tasa turística. Las fuerzas de la izquierda tienen ahora otra disputa encima de la mesa cuya solución se antoja complicada: la enmienda en la que se reconoce la violencia obstétrica (entendida como el trato sanitario vejatorio contra las mujeres durante su embarazo y el parto) como una forma de violencia de género. Tal como ha contado este diario la propuesta, que plantea recoger este concepto en la ley valenciana integral de violencia contra la mujer, fue firmada por PSPV, Compromís y Unidas Podem, pero los socialistas intentan ahora retirarla tras el revuelo generado en el ámbito sanitario. De hecho, de momento han dimitido dos ginecólogas integradas en las comisiones de la lucha contra la violencia de género en los hospitales La Fe y Doctor Peset de València. Tampoco la consellera de Sanidad, Ana Barceló, comparte el sentido de la enmienda.

A esta oleada de indignación, sobre todo en el ámbito de la ginecología, se sumó ayer el Colegio de Médicos, que emitió un comunicado en el que rechaza el termino ‘violencia obstétrica’ porque, en su opinión, «supone un ataque directo contra el personal sanitario que participa en el seguimiento de los embarazos y partos con el fin de preservar la salud de la mujer y del bebé». El Colegio de Médicos asegura que el concepto criminaliza el trabajo sanitario, rompe la relación de confianza médico-paciente y sólo admite casos de mala praxis puntuales.

Las reacciones, con todo, también se han dado en otros colectivos que sí consideran pertinente hablar de violencia obstétrica, tal como reconoce la Organización Mundial de la Salud. Así, la Associació de Comares de la C. Valenciana considera que este término «en absoluto está alejado de la realidad asistencial de muchos centros de la Comunitat Valenciana» y defienden su consideración como una modalidad de violencia de género porque deriva de una «atención paternalista y de una visión androcentrista de los procesos reproductivos de las mujeres». El colectivo sostiene que no se cumple la guía de práctica clínica sobre atención al parto normal. Otros colectivos como Amamanta o el Parto es Nuestro están en la misma línea.

Pero al debate social se suma el político. El grupo socialista está tratando de negociar con sus socios una salida que pase por la retirada de la enmienda. La idea es apoyar hoy la proposición no de ley de Compromís que se debate en las Corts y en la que, entre otras cuestiones, se insta al Gobierno a incorporar la violencia obstétrica en la futura ley de derechos reproductivos e interrupción voluntaria del embarazo que impulsa Podemos desde el Ministerio de Igualdad.

Sin embargo, ni Compromís ni Unides Podem están por la labor de la retirada. Ambos grupos creen que la legislación valenciana debe reconocer este tipo de violencia al margen de su encaje legal. Las moradas apuntan que el ministerio de Irene Montero está sufriendo el mismo boicot a su ley por parte del Ministerio de Sanidad. Ahora bien, instan al PSPV a hacer una propuesta alternativa. Compromís también se muestra dispuesto a una nuevo redactado pero con la premisa de que el término aparezca en la legislación autonómica. La solución jurídica no es sencilla y aboca al PSPV a un callejón sin salida: o la mantiene pese al rechazo médico o no la vota pese a haberla firmado.

En todo caso, la C. Valenciana no sería la primera en actuar. Cataluña la reguló en 2020 en su ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. La define como violencia obstétrica y vulneración de derechos sexuales y reproductivos: consiste en impedir o dificultar el acceso a una información veraz, necesaria para la toma de decisiones autónomas e informadas.