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El bipartito de PP y Cs aprueba la ordenanza de mendicidad con el apoyo de Vox

El gobierno municipal cuelga en solitario la pancarta por el 25-N en el balcón del Ayuntamiento en la previa del pleno, mientras la izquierda protesta contra un documento que incluye multas de 3.000 euros y obvia la intervención social

El bipartito de PP y Cs aprueba la ordenanza de mendicidad con el apoyo de Vox

El Pleno de Alicante ha aprobado este jueves la ordenanza de mendicidad y prostitución, ahora bautizada como Ordenanza de Convivencia Cívica, con los votos a favor del bipartito de PP y Ciudadanos y el apoyo de Vox. En contra, como estaba previsto, se han posicionado los tres grupos de la izquierda (PSOE, Unidas Podemos y Compromís). Así, el texto ha sumado 15 votos a favor (el edil Bonet, de Vox, se ausenta del pleno por cuestiones médicas) y 13, en contra. El texto cuenta con el rechazo de más de cuarenta entidades sociales de Alicante, incluyendo a Cáritas.

La sesión plenaria de noviembre ha empezado con el polémico punto, aunque la ordenanza ha sido protagonista ya en la previa, debido a que los grupos progresistas se han negado a participar en el acto por el 25-N. Representantes de los socios del ejecutivo local, con el alcalde al frente, han colgado en solitario la pancarta con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el balcón del Ayuntamiento no ha estado tampoco los ultras de Vox. Tampoco ha estado la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, que sigue el pleno desde casa por un problema de salud.

Ya en el Salón de Plenos, el PP de Barcala, aunque con un año de retraso, ha conseguido sacar adelante su proyecto de ordenanza, que ahora se expondrá al público durante 30 días, abriéndose el plazo de alegaciones, donde supuestamente Cs registrará (se espera que en tiempo y forma) sus propuestas de cambios, para darle una visión menos punitiva y más social.

En el debate, el concejal de Seguridad, José Ramón González, ha sido el encargado de defender el documento. De hecho, ha sido el único miembro del equipo de gobierno que ha tomado la palabra, ya que Ciudadanos ha guardado silencio. Barcala tampoco ha defendido el texto. "Traemos una buena ordenanza para mejorar la convivencia y luchar contra la mendicidad. Queremos actuar sobre las actitudes de acoso, cuidar de los espacios públicos… Esta ordenanza prohíbe ir desnudo por los paseos de la ciudad, hacer las necesidades en la calle. Hasta ahora, la Policía no podía intervenir con los gorrillas. No podemos mirar hacia otro lado como hizo el tripartito. Y lo vamos a hacer de la mano de los servicios sociales, estudiando cada caso a través del Plan de Inclusión Social. Les pido que salgan en defensa de los intereses de sus vecinos. Esta normativa va a ser buena para su ciudad", ha defendido el popular en su intervención.  

Desde Vox, el portavoz, Mario Ortolá, ha lamentado la tardanza en votar la ordenanza, por la que ha presionado en los últimos meses al bipartito. "Lleva un año encima de la mesa por los complejos del gobierno ante las acusaciones de la izquierda. Es un texto que están pidiendo los vecinos. Necesitan que la Policía tenga la capacidad de dar una respuesta a los actos incívicos. Se dice que busca perseguir a personas, pero pretende castigar la comisión de actos incívicos. Es necesaria. Todas las ciudades deberían tener aprobada", ha señalado Ortolá, quien ha advertido que su grupo valorará el voto en la aprobación definitiva (previsiblemente a principios de 2023) si se incluyen cambios que la hagan "descafeinada", en alusión a las propuestas ya hechas públicas por Ciudadanos y, a priori, aceptadas por el PP.

Por su parte, desde la bancada de la izquierda, han evidenciado su rechazo frontal a la ordenanza, que se inspira en el borrador de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aunque eliminando todo artículo de a intervención social.

La socialista Llanos Cano ha recordado que el texto del bipartito se "basa en la de Sonia Castedo". "¡Cómo la echan de menos!", ha apuntado la socialista, quien ha defendido que "a las personas vulnerables no se les puede multar, se deben elaborar planes de intervención". "Nuestro texto [en alusión a la enmienda a la totalidad] es más ambicioso que el suyo. Dota de herramientas a la Policía, pero no va contra los vulnerables", ha añadido la concejala del PSOE, quien ha criticado a la derecha por impulsar un texto "cruel e inhumano". "Es sancionador y no recoge ninguna intervención social. Hasta sus votantes dicen que no, como Cáritas", ha añadido Cano, quien en su turno de réplica, como también han hecho otros grupos de la bancada progresista, ha intentado, sin éxito, convencer a Ciudadanos, con quienes firmaron un acuerdo hace un año para paralizar la ordenanza.

El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha asegurado que aprobar esta ordenanza es un "error histórico, una mancha para la imagen de Alicante". El texto, para la coalición morada, es "insolidario, injusto, antisocial y retrógrado, hecho desde los postulados de la ultraderecha".

Por último, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha lamentado que no hay un "día menos indicado" para aprobar la ordenanza que hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. "Acaban de colgar una pancarta y luego golpean desde la violencia institucional a las mujeres víctimas de la prostitución. Es una chapuza, cruel, inútil. Así es la ordenanza que trae el PP y Vox y sus comparsas de Cs, con su entreguismo más servil para hacer méritos para entrar en las listas electoral del PP". Bellido ha lanzado preguntas al aire, en forma de examen de conciencia a los promotores del documento: "¿Las personas que viven en la calle van a mejorar su vida con esta ordenanza? ¿Una persona sin recursos va a hacer frente a las multas? La exclusión social no se soluciona con sanciones. Recuerdo que tener deudas con la administración les puede condicionar la recepción de ayudas sociales". Además, Bellido ha reprochado a la edil de Acción Social, Julia Llopis, ponerse de perfil en la tramitación de la ordenanza: "No ha hecho ni un informe, lo suyo es pura indecencia. Y Ciudadanos vota a favor de una ordenanza que ignora los informes de Igualdad". Ni Llopis ni tampoco la concejala de Igualdad, María Conejero, han seguido el debate desde el Salón de Plenos, sino por vía telemática. Tampoco ha estado la vicealcaldesa.

La izquierda se ha comprometido a derogar la ordenanza de mendicidad en 2023, si previamente recupera el gobierno local en las elecciones municipales de mayo.

"Barcala cumple tu promesa"

Aprovechando la celebración del pleno municipal, más de un centenar de funcionarios del Ayuntamiento de Alicante protesta contra el PP de Barcala por incumplir las promesas realizadas en la previa de las elecciones de mayo de 2019. Con el respaldo de todos los sindicatos municipales, los funcionarios han exhibido una pancarta dirigida al alcalde: "Barcala cumple tu promesa". Esta semana, hubo nuevo anuncio ante la protesta prevista contra el bipartito de Alicante. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto con el concejal de Recursos Humanos, José Ramón González, se reunieron con los representantes de la Junta de Personal del Ayuntamiento. En el encuentro, celebrado a tres días de la protesta de este jueves, se ha abordado las demandas de los empleados municipales, entre las que destacan la puesta en marcha de la Carrera Profesional, así como el incremento del factor de la Festividad. Tras los anuncios del alcalde, los sindicatos acordaron mantener la protesta de este jueves, coincidiendo con el pleno municipal, y suspender la prevista el sábado, con motivo de la Asamblea local del PP.

Según un comunicado del gobierno local, el alcalde acordó en ese encuentro llevar al Pleno de enero el Reglamento de desarrollo de la Carrera Profesional del Ayuntamiento de Alicante, así como mantener una reunión la semana que viene con la Concejalía de Recursos Humanos y la Intervención municipal para abordar el incremento del complemento de la festividad de los funcionarios municipales.

Tras la aprobación en Pleno del Reglamento, el alcalde propone una hoja de ruta para llegar a la implantación de la carrera profesional, para la que sindicatos y Recursos Humanos mantendrán reuniones periódicas para pactar los importes y los plazos de implantación, así como la evaluación de los puestos de trabajo.

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