Igual que las televisiones privadas han de destinar una parte de sus ingresos a la financiación de RTVE, operadoras como Netflix, HBO, Amazon Prime o Disney+ podrían ayudar a las arcas de las televisiones autonómicas como À Punt. La opción no aparece todavía sobre el papel de la futura Ley Audiovisual, pero es uno de los asuntos que reclaman desde órganos representativos del sector.
La nueva normativa no ha llegado ni al Consejo de Ministros, pero ya ha saltado a los titulares por un acuerdo concreto sobre el que las empresas del ámbito de la Comunitat Valenciana han estado muy atentas. Gobierno y ERC han pactado que en esta nueva norma se garantice que un 6 % de las producciones de las plataformas de streaming sean de lenguas cooficiales del Estado.
El «nos beneficia» que entona Ximo Pérez, vicepresidente de Productors Audiovisuals Valencians, es el resumen de la sensación dentro del sector audiovisual valenciano. «Podremos atraer proyectos en valenciano», señala. Le secundan desde el PROA (Productors Audiovisual Federats) donde aplauden la medida, así como desde el Consell del Audiovisual. No obstante, pese a ese «avance», señalan otras líneas en las que incidir.
Ya lo pidió RTVE
Una de ellas es que la nueva ley se adentre en la financiación de las televisiones autonómicas. Según explica el presidente del Consell Audiovisual valenciano, José María Vidal, uno de los puntos en los que podría avanzar la futura ley es que se plantee que una parte del presupuesto de las plataformas de retransmisión vía streaming vaya a parar a los medios públicos autonómicos. En este sentido, desde RTVE ya se pidió que estas compañías digitales aportaran a fondos al ente público como los canales privados.
No es el único punto sobre el que se presiona. También piden desde el organismo que preside Vidal que haya una mayor descentralización normativa para que la Comisión de Mercados y Competencia no se quede con las disposiciones que podrían ejercer desde los diferentes consejos audiovisuales autonómicos.
Desde las empresas del sector, por su parte, apuntan que «la madre del cordero» estará en la definición de «productor independiente» en la ley. Es lo que, aseguran, garantizará o no que la financiación llegue a la mayoría de empresas del sector o se quede «solo en aquelllas vinculadas a las grandes cadenas».
En esta, piden que no se considere productor independiente a quien tenga más de un 50 % de capital extracomunitario o que el 80 % de sus ingresos proceda de la misma compañía.
Por otra parte, también reclaman que el 6 % de «todos los ingresos» de las televisiones autonómicas vaya a producción independiente, algo que no se cumple porque ahora solo van los ingresos por publicidad.
