Otra vez en la calle, tras la pancarta y lamentando las cifras que no cesan otro 25N. «No nos podemos acostumbrar a la violencia», reivindica Amalia Alba desde la Federació de Dones Progressistes, «hay que dar una respuesta eficaz y profesional y saber que la violencia machista se puede vencer». Porque hay gritos de «ni un paso atrás», pero sobre todo, desde el colectivo feminista reclaman poder caminar y avanzar. 

La lista de futuros pasos es amplio como largos son los ejemplos de violencias machistas, aunque el primero pasa «por aplicar y desarrollar lo que está sobre el papel». «Hay que llevar a la realidad lo acordado porque hay muchas cosas que no se hacen», señalan desde la Federació. 

Para ello, el diagnóstico es claro: faltan recursos económicos. La financiación es la clave de bóveda de las políticas. Mejor atención social, psicológica o formación en igualdad para los órganos jurídicos y administrativos aparecen como los carriles entre los que seguir avanzando que reivindican voces del colectivo.

Desde el feminismo, algunas voces como la de Julia Sevilla, una de las precursoras del feminismo constitucional, indican que ha llegado el momento de «evaluar» y si es necesario «ampliar o reorientar» los pactos alcanzados porque «hay que saber qué está fallando para que sigamos viviendo asesinatos machistas». 

En cuanto a pasos concretos, el más claro es el que pide que se adapte la legislación española al Convenio de Estambul, algo todavía pendiente pero que el Ministerio de Igualdad está en proceso de abordar. Este implicaría dejar de considerar solo violencia machista aquellos casos en los que hay una relación sentimental entre el agresor y la víctima y que actualmente dejaría fuera de esta consideración situaciones como la de La Manada.

Dentro de este Convenio de Estambul en el que se define como violencia contra la mujer todas aquellas manifestaciones discriminatorias, de abuso y maltrato que se puedan dar más allá de las relaciones de pareja aparece uno de los temas más candentes de la agenda feminista: la prostitución. Tanto Sevilla como Alba reivindican que la prostitución es una forma de "explotación sexual" y que es un asunto que "no podemos posponer más". Este es un punto revitalizado en las últimas semanas después de que el PSOE, el partido que preside el Gobierno, incluyera en su hoja de ruta elaborar una ley para abolir la prostitución esta legislatura.

No es el único punto normativo en el que se reclama un avance. El ámbito laboral se cuela como uno de los espacios donde poner el foco según insisten desde CCOO y UGT. Así, desde el primero remarcan la necesidad de que España ratifique el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el acoso y la violencia en el entorno laboral.

«Una de cada cinco denuncias de acoso sexual ocurre en el trabajo», explica Cloti Iborra, secretaria de Igualdad de CCOO PV, quien pide que las empresas elaboren protocolos con medidas de prevención y acompañamiento. Desde el sindicato han querido centrarse este año en estas situaciones y aunque han señalado que esta es "una ventana muy amplia y de las más difíciles" de tratar, los sindicatos en las empresas han de "funcionar de cordón sanitario" de estas prácticas.

Por su parte, Pilar Mora, responsable de Formación, Empleo e Igualdad de UGT, apunta a la formación del personal de la Administración así como a la elaboración de planes de igualdad en las empresas. En estas, señala que se recojan medidas de prevención y seguimiento de violencia de género, algo que, lamenta, al no ser obligatorio, cuesta que se acepte en algunas compañías. También apunta como reto combatir "los negacionismos" de la violencia machista: "Es donde nos jugamos el futuro, especialmente en los jóvenes", sentencia.