El Ayuntamiento de Alicante , gobernado con el PP y Ciudadanos, aprobará hoy, día en que se conmemora el día internacional para erradicar la violencia contra las mujeres, la ordenanza para multar la mendicidad y a las mujeres prostituidas en las calles.
La controvertida orden, rebautizada como Ordenanza de Convivencia Cívica, contará también con los votos de la ultraderecha y el rechazo unánime de la oposición. Según el consistorio alicantino, busca solucionar «los problemas de convivencia cívica sobre actuaciones coactivas o de acoso que dificultan el libre tránsito viario y la circulación peatonal en las vías, parques y espacios públicos, dando protección social a las personas necesitadas y eliminando situaciones que obedecen a conductas organizadas».
La ordenanza afectará principalmente a las personas que viven o utilizan la calle para sobrevivir: personas sin recursos que mendigan, sin techo y víctimas de explotación sexual, aunque también propone sancionar al prostituidor.
A la vista de la existencia de informes contradictorios y del rechazo generalizado por los partidos progresistas y entidades de carácter social, Ciudadanos intentó añadir varias enmiendas, pero llegó tarde y tendrá que esperar el periodo de alegaciones.
Justo hoy hay convocadas manifestaciones para luchar contra la violencia de género y el movimiento feminista ha puesto este año el foco en la abolición de la prostitución, considerada como una forma extrema de violencia sexual y de género.
En el detalle de la ordenanza presentada por el equipo de gobierno del alcalde alicantino, Luis Barcala, se considera infracción grave (1.500 euros de sanción) o muy grave (3.000) la mendicidad «con acompañamiento de menores o personas con diversidad funcional». En ella se especifican situaciones extremas, como la mendicidad organizada, coactiva o de acoso, que obstaculice el libre tránsito de ciudadanos; la petición de dinero con violencia o intimidación; el ofrecimiento de productos de manera persistente o intimidatoria; la colaboración para alertar de la presencia policial; o acampar y dormir en la vía pública.
Servicios sexuales
La ordenanza incluye, en total, 35 tipos de infracciones que van desde los 201 euros de multa por arrojar residuos hasta los 3.000. En el caso de la prostitución, la infracción grave se castiga con hasta 1.500 euros cuando se trata de las «prácticas sexuales, ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación de servicios sexuales en la vía pública cuando afecten a la convivencia ciudadana».
La norma explica este último extremo. «Cuando se llevan a cabo a 200 metros de centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales, comerciales o empresariales».
También «se prohíbe la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual o la ejecución de actos de exhibición obscena», así como el «acoso callejero».
