La despoblación es uno de los grandes retos en España (y en la Europa más desarrollada) por la tendencia global a las megalópolis: a la concentración de riqueza, negocio, poder, instituciones y personas en unas pocas grandes ciudades. Precisamente, la cumbre el pasado martes de las ocho comunidades menos pobladas, casi todas en el noroeste (Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Cantabria, Aragón y Castilla-La Mancha), lanzó un mensaje peligroso para los intereses de la Comunitat Valenciana al vincular el despoblamiento con la financiación autonómica. Esta, dijeron, debe servir frente a la fuga de los entornos rurales.
Así, uno de los focos de atención del Ejecutivo valenciano ahora es intentar neutralizar esta estrategia y hacer entender al Gobierno que financiación autonómica y reto demográfico son problemas que circulan por carriles diferentes. De lo contrario, el riesgo es que la reforma del modelo actual de distribución quede descafeinada. O incluso en nada.
Es lo que algunos sospechan en el Palau de la Generalitat del movimiento de la alianza de las comunidades poco pobladas. Lo deducen de los trabajos técnicos que ahora proponen, seis años después de que caducara el sistema de financiación de las autonomías y cuando en 2017 ya se elaboró todo un corpus que es el que se ha venido utilizando como base después.
La tesis que Presidencia se ha marcado como prioritaria para hacer llegar a Moncloa es que el reto demográfico forma parte de la política de desarrollo regional, pero no de la financiación autonómica. Están en campos de juego distintos, señalan las fuentes consultadas.
La despoblación es también un objetivo político para el Consell, ya que la Comunitat Valenciana sufre a su vez la desigualdad entre el desarrollo de un litoral hiperpoblado y un interior que ha ido perdiendo habitantes. Pero apuntan a continuación las citadas fuentes que el fenómeno no puede vincularse directamente al derecho de todos los ciudadanos a tener unos servicios públicos fundamentales equiparables.
Añaden asimismo en el Palau de la Generalitat que, en todo caso, el reto demográfico no sería un problema de mayor calado que las desigualdades de renta per cápita autonómicas que ahora se dan. Estarían, insisten, en terrenos diferentes.
Además, el actual modelo ya contempla los criterios de dispersión y de baja densidad humana. Si la propuesta del bloque de la despoblación es acentuar esas variables en el nuevo cálculo, el resultado puede agudizar aún más las desigualdades que ya se dan en el reparto de recursos del Estado, que perjudica notablemente a la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia.
El documento de los ocho autonomías contiene gestos con las comunidades infrafinanciadas. Reconoce su existencia y ofrece soluciones compensatorias. Tampoco la propuesta del Consell de reforma del sistema era de máximos. El punto de partida de que el modelo es deficitario en su conjunto es compartido. No obstante, los representantes valencianos sostienen que su propuesta es integral, no parcial, y contempla además la cuestión del endeudamiento forzoso de los territorios infrafinanciados, algo invisible para la alianza del norte.
