El revuelo que ha generado en el ámbito sanitario la enmienda firmada por los tres grupos parlamentarios de la izquierda para regular la violencia obstétrica en la ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer de 2012 sigue activo.
Casi medio millar de profesionales del ámbito sanitario, sobre todo de la rama de la obstetricia y de la ginecología, han estampado ya su firma en un escrito dirigido a la Conselleria de Sanidad en el que piden que se frene esta regulación.
Tal como ha venido contando este diario, el grupo socialista ha rectificado su apoyo inicial a la enmienda y, tras no lograr convencer a sus socios para retirarla, trabaja en un texto alternativo con el ánimo de rebajar de alguna forma el concepto de violencia obstétrica y desvincularla de la violencia machista.
Aunque Compromís y Unides Podem están dispuestos a aceptar cambios en la enmienda pactada, el acuerdo se antoja complicado ya que ambos partidos se niegan a prescindir del concepto y, además, quieren que se regule en la ley valenciana contra el machismo.
Malestar en aumento
Pero mientras la negociación política continúa (hasta la semana que viene no se votarán las enmiendas parciales a la ley de acompañamiento), el malestar en el ámbito sanitario va en aumento al igual que la presión hacia el departamento que dirige Ana Barceló. A lo largo de la semana se han sucedido los comunicados en contra de la enmienda por parte de los órganos de representación del personal médico y a favor desde colectivos de matronas u otros grupos de activistas como el Parto es Nuestro.
Pero la ola de indignación ha ido ganando fuerza y la movilización ha llegado a las consultas. Desde los diferentes departamentos de salud se están recogiendo firmas y remitiéndolas a la Conselleria de Sanidad para que actúe.
Según ha sabido este diario, solo en el hospital La Fe, el Doctor Peset y los Generales de València y Castelló se habían recogido a lo largo de la semana más de cuatro cientos firmas. En el escrito las y los profesionales de la salud muestran su «absoluto rechazo» a que se utilice el término violencia obstétrica y hacia la propuesta presentada. «Tiene un fundamento irreal, es injusta y nos criminaliza». Advierten de «consecuencias muy negativas» en la relación de confianza con las mujeres y sostienen que, de aprobarse la ley, «todas las personas que directa o indirectamente actuamos en la atención a mujeres embarazadas quedaríamos en desprotección».
Las personas firmantes dicen ser conscientes de que , «al igual que en cualquier otra profesión», pueden existir casos de malas praxis o negligencias que deben abordarse por los cauces legales ya establecidos». En ámbitos sanitarios se da por hecho que más profesionales se van a sumar en los próximos días.
El departamento de Barceló se ha desmarcado de la propuesta de las Corts, que además no cuenta con el respaldo de la consellera. En esta conselleria hay mucha preocupación ya que se defiende el trabajo para mejorar la atención a las mujeres gestantes y hay temor de que las profesionales implicadas en las unidades de igualdad de los centros sanitarios den un paso atrás , como ya ha ocurrido con dos responsables.
