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El informe ambiental del plan general de 23 municipios caducará en tres meses

Más de la mitad de los ayuntamientos tienen el planeamiento aprobado con leyes estatales y otros 213 con la ley urbanística de 1994

PAI de Malilla en València, cuyo plan general se aprobó al abrigo de leyes urbanísticas estatales. | M. A. MONTESINOS

La memoria ambiental del plan general de 23 municipios caducará el próximo mes de febrero «si no se aprueba antes» el planeamiento urbanístico de esta treintena de poblaciones valencianas, según aseguró ayer el Jefe del Servicio de Coordinación Urbanística y Territorial de la Dirección General de Urbanismo de la Conselleria de Política Territorial.

Si se consuma la caducidad de este planeamiento, los 23 municipios afectados tendrán que poner el contador a cero y reiniciar la tramitación del plan general, según confirmó Argente.

Algunos de estos municipios llevan «años tramitando el plan general» que iniciaron al abrigo de la ley urbanística valenciana (LUV), aprobada en 2005 como alternativa a la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) de 1994. Ambas leyes fueron sustituidas en 2014 por la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup), que es la que está actualmente en vigor, aunque tanto como la LRAU como la LUV siguen aplicándose con respiración asistida a los instrumentos urbanísticos que aprobaron.

De hecho, según la información que aportó Emilio Argente, un total de 291 municipios redactaron su plan general (aún vigente) al abrigo de leyes estatales anteriores a la legislación valenciana [como es el caso de la ciudad de València, cuyo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es de 1989].

Bajo el paraguas de la LRAU (1994) se aprobaron otros 213 planes generales. Otros 32 municipios lo hicieron a través de la LUV de 2005. Y dos municipios, Domeño y Torrechiva, han conseguido aprobarlo con la Lotup (que aún no ha cumplido los siete años de vigencia) lo que demuestra que la tramitación urbanística es más ágil con esta última legislación, según Argente. Todos estos datos se ofrecieron en la jornada organizada para diseccionar el II Informe de la Situación Territorial de la Comunitat Valenciana, celebrado ayer en la Facultad de Geografía de la Universitat de València. Un debate científico organizado por la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana de la UV, junto a la Conselleria de Política Territorial, el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (iidl) y la Universitat.

La cátedra ya elaboró en 2018 el I Informe sobre la situación territorial de la Comunitat Valenciana que ahora se va a revisar para incorporar nuevas realidades y retos que se han producido en estos tres años: la pandemia, la agenda urbana o la implantación racional de energías renovables, entre otros. El resultado de estos trabajos y análisis por parte de expertos se publicará en un libro que se editará el próximo año.

Renovables en zonas degradadas

Por la sala Palmireno de la Facultad de Geografía también pasaron, entre otros, la directora general de Política Territorial y Paisaje, Rosa Pardo, quien analizó los «impactos territoriales y sobre la ordenación del territorio de la nueva ley y estrategia de energías renovables».

Pardo abogó por «promover acciones para reducir el consumo, facilitar el autoconsumo, replantear y repotenciar las instalaciones de placas solares ya existentes» o «utilizar espacios degradados, vertederos, zonas de extracción de áridos, grandes superficies de aparcamientos, espacios que ya no utilice Defensa o zonas industriales fracasadas o cualquier espacio degradado que pueda representar una oportunidad para este tipo de instalaciones».

El abogado y exsíndico de Podem, Antonio Montiel, también analizó «los retos y amenazas para la ordenación del territorio valenciana» como «el caso de la ampliación del puerto de València.

Montiel abogó por «replantearse el concepto de interés general, no solo en el proyecto del puerto. ¿A quién se le piden cuentas si se equivocan en las previsiones? ¿Quién pagará l’Albufera si desaparece?», se preguntó tras repasar los antecedentes de la ampliación y reivindicar la «cooperación política entre instituciones, que no está reconocida en la Constitución, que solo habla de coordinación, una relación en la que quien coordina está en superioridad frente a los coordinados».

El ingeniero de caminos Joan Olmos también analizó «los efectos del cambio climático sobre la costa valenciana». Según Olmos, «la elevación del nivel del mar es un tema muy preocupante que ya está en marcha. En la Comunitat Valenciana la situación está muy deteriorada por las amenazas ya consumadas por la irresponsable gestión del dominio público litoral y las zonas de afección y aledaños» agravadas en los últimos años por los temporales «que cada vez tenrán mayor frecuencia e intensidad».

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