Ana Domínguez tiene 58 años, es víctima de violencia machista y su único ingreso son 90 euros al mes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por un trabajo precario y temporal. Sin embargo, el Ayuntamiento de València le embargó esta cuantía en cuanto detectó dinero en su cuenta bancaria. ¿El motivo? Las deudas por el impuesto de circulación de un vehículo que la mujer vendió hace más de 10 años. La mujer dio de baja temporal el vehículo en Tráfico en 2021, pero el consistorio le sigue girando los recibos y embarga la cuenta en cuanto detecta un ingreso.
Si reclama y presenta infinitos papeles, el ayuntamiento le devuelve el dinero ya que es ilegal embargar ayudas mínimas o de emergencia. Pero Ana no tiene ni el ánimo (ni los conocimientos) para reclamaciones. Con sobrevivir al día a día tiene suficiente. «Lo tengo que hacer, lo tengo pendiente pero no sé ni por dónde empezar. No tengo el ánimo muy alto», explica, quien carece de recursos para pagar una terapia que le sane las heridas internas cuando la prioridad se centra en la comida y los suministros básicos.
Gregorio Linares tiene 64 años, es viudo desde hace cuatro y tiene a su cargo a un hijo de 17 años y a otro con una discapacidad reconocida del 73 %. Con los 451 euros del subsidio para mayores de 52 años sobreviven los tres. Usuario de un comedor social (El Puchero, en Orriols), Gregorio no entiende por qué le denegaron la ayuda de orfandad de su hijo de 17 años. La explicación fue que su mujer no había cotizado los últimos cinco años. «¿Cómo iba a cotizar si estaba enferma de cáncer?», asegura.
Tanto Ana como Gregorio deberían cobrar la ayuda que diseñó el Gobierno para ellos, en plena pandemia, y que se denomina Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sin embargo, se han quedado fuera. Ni la cobran ni están pendientes de poder hacerlo. Tienen un techo donde refugiarse porque viven en casas «prestadas» por sus familias. Puede que hayan coincidido en alguna ocasión ya que viven relativamente cerca, aunque no se conocen.
Sin embargo, los dos forman parte de una estadística que se repite en titulares como ‘el Gobierno rechaza 3 de cada 4 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital’ , ‘Cerca de 200.000 valencianos en pobreza severa no reciben la ayuda mínima’ o ‘Solo el 14 % de las personas en pobreza severa reciben el subsidio del Gobierno’.
Ellos son los rostros de las cifras que evidencian el fracaso de una ayuda (el IMV) que no llega a quien más la necesita, aunque se haya diseñado para ellos.
Pero, ¿por qué se deniega la ayuda a la gran mayoría de personas vulnerables si cumplen todos los requisitos? Ana lo desconoce. Solo sabe que tuvo que presentar documentación en varias ocasiones y que, en una de ellas, le exigían la sentencia de divorcio por si constaba alguna compensación económica. A ella, que ha formado parte del sistema VioGén, el programa de seguimiento integral en los casos de violencia de género, donde consta su expediente.
Gregorio sí sabe el motivo de su denegación: un familiar de su mujer, que continúa empadronado en su vivienda, aunque hace años que no reside allí. Así que la Seguridad Social argumenta que supera el límite de ingresos de 12.137 euros al año (1.011 euros al mes). Él, que malvive con 451 euros para tres personas. Y no ha habido manera de acreditar su realidad. El «compromiso» es que el familiar se empadrone en Paterna, donde reside. Pero Gregorio no sabe si aún lo ha hecho, o no.
Con ordenador e internet
El problema del IMV empieza mucho antes de la denegación. Presentar la solicitud ya implica todo un logro ya que la ayuda es inaccesible. Y es que, a personas en exclusión social se les exige un trámite telemático con certificado de firma electrónica. Es decir, a familias con dificultades con la alimentación, la vivienda y los suministros se les pide ordenador, conexión a internet y conocimientos burocráticos «nivel avanzado». Un imposible para la gran mayoría. Y es que aunque son casi 700.000 los valencianos que sufren pobreza severa (un 13,4 % de la población), solo 183.869 personas han solicitado el IMV en la Comunitat Valenciana, según los últimos datos del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es decir, solo el 26 % de los pobres más pobres solicitan una ayuda que les permitiría vivir con hasta mil euros al mes. Ese es el objetivo del IMV y no se cumple ni de lejos.
Las personas más vulnerables no solicitan la ayuda porque no pueden hacerlo. La obligación de un trámite telemático, que incluye certificado de firma digital y un sin fin de papeles para acreditar el estado civil, la unidad familiar, el padrón o el cobro de alguna prestación, impide a quien menos tiene pedir la ayuda a la que tiene derecho.
Por ello, la gran mayoría de personas que han presentado la solicitud lo han hecho con asistencia de otra persona. Pero no con ayuda de entidades sociales (a las que solo se les permite asesorar y acompañar en el proceso, tal como recalca Cruz Roja) sino con la ayuda de quien, de forma altruista, se sienta con una persona en exclusión social y le solicita y tramita unos papeles que, sin su ayuda, sería imposible de obtener y de presentar.
Rosa Albert fue concejal de EU en el Ayuntamiento de València y es una de esas personas solidarias que ha tramitado expedientes y solicitudes a los más vulnerables. Y se indigna ante unos agujeros en el sistema que hacen fracasar una ayuda que les permitiría vivir mejor y a la que es imposible acceder por sus propios medios.
«Es un colectivo que no tiene acceso a internet, no tiene ordenadores y toda la tramitación se tiene que hacer online. Se precisa de certificado de firma electrónica y la página se colapsó desde un principio», explica Albert. Y luego critica la segunda parte: «Una burocracia y una cantidad de documentación que es indignante. La Administración puede o debe cruzar datos y pedir aquello que precise sin que deba aportarlo el usuario».
El padrón es uno de los problemas principales y Albert recalca la «falta de sensibilización» de la Administración al respecto por no tener en cuenta «que hay personas que tienen que compartir piso pero no forman parte de la misma unidad familiar. Entonces deben presentar un certificado que los servicios sociales se niegan a emitir. Todo son palos en las ruedas y la humillación es constante. Ni los ayuntamientos, al menos, el de València, ni la Seguridad Social se han implicado y una ayuda de emergencia y de mínimos no llega a personas que carecen de recursos, a personas que no tienen ningún tipo de ingreso. Y ahí están los datos. De los nueve expedientes que he tramitado los han denegado todos».
Los datos del ministerio demuestran que 183.869 personas solicitaron el IMV, pero solo 39.702 la ha conseguido cobrar (un 21 %), mientras que la ayuda se le ha denegado a 121.508 personas (lo que supone un 66 %). Las cifras corresponden a una respuesta del ministerio al senador de Compromís, Carles Mulet, quien insta a «repensar por qué los requisitos excluyen a tanta gente, o por qué la Administración tarda tanto en resolver a pesar de la urgencia vital».
