Solo se denuncia entre el 3 y el 10 % de los delitos de odio que se cometen y el resto quedan silentes, según ha asegurado la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, esta mañana en las Corts, que ha animado a las víctimas a denunciar y, al igual que en los casos de violencia de género, también a quienes conocen situaciones de este tipo y "no hacen nada".
Gisbert ha denunciado esta "situación de infradenuncia" durante la presentación en las Corts de la Memoria de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana de 2020, un año marcado por la pandemia mundial, "muy especial y difícil", por el que ha agradecido el trabajo desarrollado por los fiscales provinciales y de área y a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, por su implicación por facilitar medios y herramientas informáticas.
Durante 2020 se han incoado 27 diligencias de investigación penal por delitos de odio en la provincia de Valencia, 7 en Alicante y ninguna en Castellón, según muestran los datos expuestos por Gisbert, que ha resaltado el papel del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción penal y de defensa de las personas vulnerables ante una sociedad que cada vez demanda más respuestas.
Ese porcentaje de delitos de odio que se denuncian es bastante inferior al de los delitos de violencia de género, entre el 20 y el 30 %, por lo que ha asegurado que falta "mucha información" y son necesarias campañas que den a conocer la labor de las instituciones como las fiscalías y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
"Hay gente preparada, pueden acudir a la Fiscalía, deben denunciar, existen ayudas. Hay medios pero se desconocen", ha insistido Gisbert para añadir que hace falta concienciar, tal y como ocurrió al principio con la violencia de género.
En cuanto a violencia de género, la Memoria recoge que en 2020 seis mujeres fueron asesinadas (4 en Valencia, 1 en Alicante y 1 en Castellón). La violencia tuvo mayor incidencia el año pasado por el confinamiento, también sobre los hijos, pese a que de marzo a mayo bajaron las denuncias de forma notable, si bien aumentaron las llamadas al teléfono 016 y Centro Mujer 24Horas.
La fiscal superior ha destacado que el cien por cien de las mujeres que denuncian en las oficinas de denuncia lo hace asistidas por letrado, una posibilidad que ayuda a que el procedimiento esté mucho más encaminado y la fiscalía pueda intervenir mejor.
Por su parte, en los delitos contra la libertad sexual, los supuestos de violación aumentaron de 3 en 2019 a 5 en 2020 en Castellón, así como las agresiones sexuales y abuso a menores de 16 años en Valencia.
El descenso de los delitos de menores por el confinamiento no se dio en cuanto a la violencia intrafamiliar de menores a padres, que aumentó durante la pandemia.
Sobre los menores extranjeros, ha criticado que cuando cumplen 18 años no tienen su documentación, una situación que afecta a sus derechos fundamentales y por eso ha urgido a poner solución a estos problemas.
Las fiscalías acogieron denuncias contra responsables políticos por falta de medidas preventivas en organización de celebraciones y contra Sanidad por responsabilidad criminal, todas ellas archivadas por imposibilidad de atribuir responsabilidad a los querellados.
Respecto a las residencias de mayores, Gisbert ha destacado que los fiscales han estado en contacto permanente y diario con todos los centros para tener información y conocer sus problemas y poder adoptar medidas para su protección durante la pandemia.
La decisión de abrir diligencias civiles en las residencias con más de diez fallecidos fue "vital" para el control y seguimiento de estos centros. En Alicante se abrieron diez diligencias preprocesales civiles, algunas se archivaron tras el primer brote y otras siguieron abiertas para controlar su evolución; en Castellón fueron 10; y en Valencia, 18.
La fiscal superior ha enumerado las necesidades de personal y de material, en concreto la creación de plazas de gestor para la organización del personal en todas las fiscalías de áreas -solo hay una plaza en Elche-, y la ampliación de dependencias de estas fiscalías para atender de forma adecuada a las víctimas y a los profesionales.
Ha señalado que existe incompatiblidad entre el sistema de gestión procesal Cicerone y Fortuny, lo que obliga a consultar físicamente los documentos, y ha reclamado la autonomía presupuestaria de la Fiscalía
