Los tres partidos que sostienen al tripartito gobernante en la Comunitat Valenciana, PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, no han alcanzado esta mañana un acuerdo sobre la cantidad en la que debería ampliarse el presupuesto de À Punt justo en el día en que se cierra el plazo para presentar las enmiendas parciales al presupuesto de la Generalitat de 2022. En cambio, sí hay acuerdo entre las tres formaciones para que la Conselleria de Hacienda asuma los diez millones de IVA pendiente que estrangulaban las cuentas de la entidad pública.

Pero la discrepancia se mantiene en el dinero que los presupuestos de la Generalitat deberían inyectar a los medios de comunicación públicos. Mientras PSPV y Compromís han firmado una enmienda para ampliar esa cantidad en 12 millones de euros, a Unides Podem no le salen las cuentas y considera que el presupuesto, de 67 millones, debería crecer en 17 millones. La diputada de Unides Podem Estefanía Blanes asegura que esos 17 millones son el mínimo para que se cumpla la ley que obliga a la Generalitat a destinar el 0,3% del presupuesto a financiar los medios públicos. El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha asegurado esta mañana en las Corts que después de los contactos que ha mantenido con los responsables de la corporación, la cantidad que su coalición considera que debe destinarse es 12.

Así, Unides Podem se desmarca, con la presentación de su propia enmienda a los presupuestos de la Generalitat de 2022, en cuanto al incremento de À Punt mientras que PSPV y Compromís registran una iniciativa conjunta. Desde la formación que lidera Pilar Lima consideran que hay que desdramatizar estas situaciones en las que los socios presentan enmiendas distintas ya que, con esta iniciativa morada, se abre un nuevo plazo de negociación hasta la votación de las enmiendas en la comisión de Presupuestos, lo que abre la posibilidad de alcanzar nuevos acuerdos.

Los 12 millones que PSPV y Compromís han acordado insuflar a la financiación de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación se destinan a la dinamización del sector audiovisual, según han acordado. El objetivo es tanto la dinamización como el fortalecimiento del sector audiovisual a través de producciones y contenidos de nueva creación en valenciano.

Los 12 millones para la cadena pública salen de una partida del presupuesto, la de gastos diversos, que el Botànic había previsto para sufragar deuda del Consorcio de la Copa del América de 2007, de la que al final se ha hecho cargo en su totalidad el Gobierno de España. El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha dicho esta mañana que la producción de contenidos en valenciano es una reclamación estratégica para coalición.

Desde Unides Podem mantienen que la cifra que van a defender hasta el pleno es 17 millones porque alcanzar el 0,3% del presupuesto forma parte de la ley de creación de À Punt

Desde Unides Podem mantienen que la cifra que van a defender hasta el pleno es 17 millones porque alcanzar el 0,3% del presupuesto forma parte de la ley de creación de À Punt y hay que cumplirla. Su intención es destinar ese dinero a incremento de personal y a aumentar las contrataciones de contenidos del sector audiovisual en valenciano. "Estamos hablando del mínimo, es decir por debajo de 17 millones se incumple la ley y no significa que no pueda ser incluso más dinero aún", ha dicho esta mañana la portavoz adjunta, Estefanía Blanes.

Sobre el IVA, los tres partidos acuerdan que el Consell asuma las mayores obligaciones tributarias sobrevenidas a la corporación y la sociedad anónima, de forma que la Generalitat asuma la carga de la deuda tributaria y los intereses de ejercicios anteriores, así como las obligaciones derivadas del ejercicio en curso del IVA, todo ello tras las modificaciones normativas o cambios de interpretación de las correspondientes administraciones tributarias.

Según se recoge en la enmienda pactada, el importe de la deuda abonada por este concepto constituirá aportación de la Generalitat para incrementar el fondo patrimonial de la corporación y la sociedad. Los órganos competentes en materia de Tesorería y Sector Público de la Generalitat, es decir la Conselleria de Hacienda, autorizarán las operación de tesorería y adoptarán el resto de medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto.