Los representantes sindicales de ACAIP-UGT y CSIF que se habían encerrado en el despacho de la Subdirección de Personal del Centro Penitenciario de Valencia, en Picassent, cuando estaban manteniendo esta mañana una reunión a la que habían sido convocados por la dirección del centro, han sido desalojados por la Guardia Civil esta noche sobre las 21:30 horas.
El encierro se había producido como protesta "por la situación que se vive en las prisiones españolas y la falta de negociación con la administración penitenciaria", afirmaron.
Este acto se enmarca en el conflicto colectivo que estas dos organizaciones sindicales tienen declarado con el Ministerio del Interior y supone, afirman, "la continuación del encierro" que protagonizaron el pasado 16 de noviembre el presidente de Acaip-UGT, José Ramón López, y el responsable nacional de CSIF Prisiones, Jorge Vilas, en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que acabó con el desalojo de los funcionarios por parte de las unidades antidisturbios (UIP) de la Policía Nacional.
En un comunicado conjunto emitido esta mañana, Acaip-UGT y CSIF mantenían que "el deterioro de la administración penitenciaria es cada vez más evidente y consecuencia de la política que se está llevando a cabo por los máximos responsables de Prisiones", de quienes afirman que toman "muchas de sus decisiones sin tener en cuenta los informes de los profesionales penitenciarios y a espaldas de los trabajadores".
Aseguran que "las últimas instrucciones así lo constatan" y se quejaban de que esas medidas "limitan la manera de poder realizar los cacheos y requisas" a los reclusos y establecen unos protocolos de seguridad que "se demuestran ineficaces en el día a día de una prisión".
También denuncian que "no existe una negociación real y efectiva",y cita como ejemplo el reparto de la productividad, sobre el que asegura que no se realiza siguiendo unos criterios generales si no el que aplica cada centro penitenciario por orden de su dirección, "generando nuevas desigualdades entre trabajadores".
Acaip-UGT y CSIF ha exigido "una retribución adecuada a las funciones que realizamos y la reclasificación de centros, la declaración de agentes de autoridad a los trabajadores penitenciarios, una formación universal, el encuadramiento en el grupo B de TREBEP del actual cuerpo de ayudantes, y el reconocimiento y respeto por parte de los gestores de la administración penitenciaria".
Consideran que, "después de más de tres años de movilizaciones y tres gobiernos, Instituciones Penitenciarias debe dar un giro y adaptarse a las necesidades del siglo XXI, a los nuevos perfiles delincuenciales y afrontar unas reformas necesarias de leyes preconstitucionales que no atienden a la realidad actual".
