Suscríbete

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Justicia y Educación chocan en la comisión del requisito lingüístico

El departamento de Marzà plantea un ‘mitjà’ y la conselleria de Bravo prefiere exigir solo el elemental

La consellera Gabriela Bravo y el titular de Educación, Vicent Marzà. | GERMÁN CABALLERO

La regulación del requisito lingüístico en la nueva ley de Función Pública de la Generalitat generó varios desencuentros entre el PSPV y Compromís. De hecho, fue el motivo principal de que la norma impulsada por la Conselleria de Justicia tardara años en ver la luz.

El tira y afloja entre el departamento que dirige Gabriela Bravo y el de Educación sobre el grado de aplicación de esta medida acabó con un texto consensuado en el que finalmente ambas conselleries debían elaborar un reglamento que, en el plazo de un año, defina el nivel de lengua exigible a cada puesto funcionarial. Y, como era de prever, las divergencias se han trasladado al grupo de trabajo creado para concretar la implantación.

La ley de Función Pública entró en vigor en mayo de 2021 y un mes después Bravo nombró la comisión encargada de detallar qué nivel de conocimiento se exigirá a cada puesto. Un grupo de trabajo con presencia de cargos y personal técnico de ambas conselleries y con personas expertas.

Durante estos cinco meses, la comisión ha trabajado con discreción y se ha reunido en varias ocasiones, pero el acuerdo se antoja aún lejano. De hecho, según fuentes consultadas, a fecha de hoy las posiciones son muy divergentes. El punto clave de fricción se encuentra en el nivel de acreditación de conocimiento del valenciano para los funcionarios de los grupos más altos de la Generalitat, es decir, los A1 y A2.

Educación defiende que acorde con su mayor titulación estos puestos requieran un C1, es decir, el antiguo mitjà, mientras que desde Función Pública se entiende que con un nivel básico, el antiguo elemental, sería suficiente. Las citadas fuentes apuntan que pese a la intensidad de las reuniones no parece posible, al menos a corto plazo, un acuerdo. Corresponde al departamento de Bravo emitir el informe correspondiente con la propuesta para activar el requisito lingüístico, pero el texto precisa del visto bueno de la conselleria competente en materia de política lingüística, es decir, del área de Vicent Marzà.

Dado que la ley entró en vigor en mayo aún hay más de medio año de margen para un acuerdo, pero conforme se acerca el ciclo electoral la posibilidad de que el reglamento se apruebe se disipa. Si el plazo se incumple, no pasará nada ya que Justicia, con el aval del Consell Jurídic Consultiu (CJC), eliminó la cláusula de salvaguarda que obligaba a poner en marcha el requisito lingüístico por categorías funcionariales al año de aprobarse la ley, estuviera o no listo el citado reglamento.

Compromís batalló para conservar este apartado ante el temor que la falta de acuerda bloquear sine die el requisito. Fuentes de Justicia restaron importancia a las discrepancias al considerarlas normales en todo proceso de negociación y mantuvieron que se está trabajando para alcanzar un acuerdo.

Compartir el artículo

stats