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La ley de accesibilidad incluye sanciones de hasta 300.000 euros

Creará un Consejo Valenciano de Promoción y Garantía

Barreras arquitectónicas dificultan la rutina diaria de las personas con discapacidad. | J.L.BORT

La futura ley valenciana de Accesibilidad Universal e Inclusiva está más cerca de ser una realidad. Ayer, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el primer borrador del anteproyecto de la norma, abierta ahora a alegaciones y propuestas. Es un primer resultado de un largo trabajo en equipo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas con entidades, profesionales y representantes de las personas con discapacidad. Un escalón más para que la accesibilidad universal —la «columna vertebral de los derechos de las personas con discapacidad»— deje de ser una utopía y por fin se haga realidad. L

Las organizaciones que velan por los derechos del colectivo apuntaban ayer que esta futura norma , que contempla sanciones de hasta 300.000 euros, es vital para mejorar la vida de miles de personas y para cumplir con las leyes existentes pero recurrentemente vulneradas.

Reserva de viviendas accesibles

Por lo pronto, en el documento hecho público ayer, la administración aborda de forma detallada la manera en la que se implementará la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad a todos los servicios públicos. Acceso a la comunicación, a transitar libremente los espacios urbanizados, naturales y a poder utilizar en igualdad de condiciones las infraestructuras y la vivienda. De hecho, la norma contempla reservar para el colectivo un 7 % de viviendas de protección oficial públicas y un 4 % en el caso de promoción privada. Una reserva que tendrá que mantenerse durante al menos seis meses desde su oferta para garantizar su cometido.

El anteproyecto también aborda, por otra parte, el acceso al transporte, a los servicios públicos y al empleo. Es una norma que se sabe transversal y global y que integra todos los ámbitos de la vida pública. También la participación, a través de órganos que garanticen el cumplimiento de la ley. Así, el texto contempla la creación de un Consejo Valenciano de la Promoción y Garantía de la Accesibilidad Universal así como consejos locales en municipios de más de 50.000 habitantes que actuarán en ámbito de cada localidad.

Además de la eliminación de barreras arquitectónicas (el 85 % de los edificios públicos no son accesibles según la conselleria de Vivienda), el documento apunta que la señalización específica tiene que permitir la interacción de la ciudadanía con la administración así como que el transporte es esencial para garantizar la autonomía. Otro de los aspectos es el régimen de sanciones.Unas multas que van de 300 a 300.000 euros dependiendo de si la infracción cometida es leve, grave o muy grave.

Infracciones «muy graves»

Algunas de las más graves contemplan conculcar deliberadamente la dignidad de las personas con discapacidad; acosar o intimidad a una persona con discapacidad; incumplir la reserva de viviendas para personas con diversidad funcional, en promociones de cincuenta o más viviendas; incumplir las instrucciones de accesibilidad que genere situaciones de riesgo al colectivo o ejercer presión sobre las autoridades para obstaculizar el cumplimiento de la ley.

También se castigará el cometer tres infracciones graves y el uso indebido de una tarjeta de estacionamiento por cualquier persona o tercero, cuando la persona con movilidad reducida titular de esta haya fallecido, entre otras cuestiones. Además, el documento explicita que la Generalitat y las entidades locales establecerán anualmente, a través de los presupuestos, fondos para cumplir las condiciones básicas de accesibilidad.

De hecho, también detalla que en los edificios existentes anteriormente a la ley, será posible ocupar las superficies de espacios públicos para instalar ascensores u otros elementos que garanticen la accesibilidad universal que, ahora sí, está más cerca de cumplirse en la Comunitat Valenciana.

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