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El Gobierno da el paso con una propuesta de financiación que prima el criterio poblacional

«Servirá como indicador único de necesidades totales de gasto», dice el informe

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una intervención en el Congreso. | EFE

La esperada propuesta del Gobierno para abrir el debate e iniciar el camino hacia la reforma del modelo de financiación autonómica, caducado desde 2014, ya está sobre la mesa del Consell y del resto de ejecutivos autonómicos. El documento, de 240 folios, llegó ayer, cuando se cumplían dos días y medio desde que finalizó el mes de noviembre, que era el plazo al que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se había comprometido.

El Gobierno da el paso con una propuesta de financiación que prima el criterio poblacional

El Gobierno da el paso con una propuesta de financiación que prima el criterio poblacional A.Garcia/c.alós. València

El planteamiento que esboza el Gobierno como propuesta inicial no deja dudas a la hora de considerar la población ajustada como la variable más representativa de las necesidades de gasto, en la línea de la reclamación histórica del Consell de primar la población, con los ajustes necesarios, como ahora hace el Gobierno y que ayer ya levantó reticencias en autonomías menos pobladas.

El documento amplía el peso del gasto sanitario y del educativo respecto al modelo anterior. El primero pasaría del 38 % actual a una horquilla del 40 al 45 % y el segundo del 20 % a entre el 25 y 30 %.

El informe incorpora indicadores muy diversos y detallados que suponen una auténtica radiografía del Estado y evidencian las desigualdades que arrastran autonomías como la valenciana. El Gobierno señala que los datos que ahora incluye son más realistas que los de modelos anteriores, lo que permite fijar mejor la distribución del gasto por autonomías de los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales, y, por tanto, ajustar mejor los recursos.

No obstante, y pese a la esperanza que supone el paso adelante, la propuesta requiere también cautela a la vista de la experiencia de 2009 cuando se aprobó un modelo que, en la época de Rodríguez Zapatero, debía mejorar la posición valenciana pero en la práctica supuso un avance ínfimo. Un factor a tener en cuenta es que en la elaboración de la propuesta ha tenido un peso importante, según algunas fuentes, el Instituto de Estudios Fiscales, promotor del modelo en vigor, que mantiene privilegios en el reparto a comunidades donde el peso poblacional es menor.

Abierto a mejoras hasta enero

De momento, el Ministerio de Hacienda se abre a la mejora de su propuesta y emplaza a las autonomías a remitir posibles modificaciones antes de que acabe enero.

El Gobierno destaca que el documento no sale de la nada sino que se basa en los trabajos previos de los comités de expertos, en los que han participado estudiosos de todas las autonomías por lo que existe cierto consenso previo al menos sobre la variable de la población ajustada.

La novedad está también en la estratificación, es decir bloques de edad y gastos de los distintos servicios que prestan las autonomías. También se mantienen variables correctivas como la superficie, la dispersión o la insularidad que ya estaban en el modelo anterior. Pero con la propuesta el Gobierno se ha dado un paso adelante. Y entre hacer o dejar pasar en materia de financiación autonómica se ha optado por dar un paso adelante. Parece fácil, pero no lo es tanto cuando muchos alrededor aconsejaban lo contrario.

La mayoría de presidentes autonómicos socialistas era del parecer de mejor dejar las cosas quietas ante la complejidad territorial y política. Se vio en la reunión en Ferraz del 5 de noviembre. Ximo Puig y Francina Armengol defendieron la urgencia de la reforma y que podía ser más negativa la inacción después de tantos años de espera. Para el resto, suponía demasiados riesgos abordar ahora el cambio.

Finalmente, Pedro Sánchez y la ministra María Jesús Montero dan un paso que se esperaba desde 2014 y al que se comprometió Mariano Rajoy en enero de 2017 y nunca llegó. Solo la acción ya cuenta cuando lo que ha habido durante muchos años es parálisis.

Habrá que ver ahora cómo se concretan los criterios enviados ayer por Hacienda a las autonomías. La propuesta tiene de entrada un valor significativo: elimina el llamado statu quo que lastra a la Comunitat Valenciana desde 2002. Esto es, el mecanismo de reparto que daba prioridad al Fondo de Suficiencia Global, según el cual las arcas valencianas perdían anualmente 1.400 millones de euros con respecto a la media española. Aunque en 2009 este sistema se intentó retocar para mejorar la situación de las infrafinanciadas, nuevos fondos de compensación dejaron el esquema de distribución en una situación muy parecida. La propuesta actual elimina ese farragoso modelo y prima un criterio en el que se valora el gasto real en educación y sanidad, en función de una serie de hasta 20 tramos de edad en el caso sanitario.

El documento llega a asegurar que a partir del análisis que establece el Ministerio de Hacienda, la población ajustada será el criterio que servirá como indicador único de necesidades totales de gasto y como factor fundamental de reparto de la financiación.

Identifica mejor el gasto

El Gobierno defiende que ahora puede identificar mejor la estructura del gasto público autonómico y ponderar esta variable de forma más exacta que en los modelos anteriores porque se usan nuevas estadísticas y datos que garantizan que la distribución de los recursos se adecua mejor a la realidad demográfica, social y territorial de cada autonomía.

Puig asegura que es el avance más importante para reformar el modelo

«Es el avance más importante que se ha producido en la financiación autonómica» para la Comunitat Valenciana. El «president» de la Generalitat, Ximo Puig, considera en declaraciones a Levante-EMV que la propuesta anunciada ayer por el Ministerio de Hacienda supone un avance muy a tener en cuenta. «Es lo que queríamos, tener una propuesta formal, que estaba pendiente desde 2014 y que nadie se había atrevido a acometer hasta ahora».

Un 96 %, la población ajustada

A falta de estudios más detallados, el jefe del Consell ha valorado que el informe enviado por la ministra de Hacienda se basa en el criterio básico defendido por la Generalitat. Puig señala que en la propuesta la población ajustada supone el 96 % del sistema planteado para el reparto de los fondos del Estado, mientras que se deja entre un 3 y un 4 % para variables correctoras. «Es un formato que infunde esperanza, es muy positivo», asegura Puig.

Según el jefe del Consell se ha superado «una pantalla» en la que España estaba bloqueada desde 2014 (año en que caducó el modelo) y se abre una nueva, que implica la interlocución con las autonomías y los partidos de cara a poder contar con un nuevo modelo de financiación.

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