Lalo Díez, presidente de la Coordinadora del Ocio y la Hostelería de la Comunitat Valenciana, ha criticado el dispositivo coordinado esta madrugada en diferentes discotecas de la ciudad de Valencia para comprobar el uso del pasaporte Covid, obligatorio desde este fin de semana. Así, el portavoz explica que el dispositivo estuvo integradi por ocho furgones de antidisturbios, además de siete coches de la policías local y autonómica. Estiman que entraron "entre 25 y 40 agentes por sala"

"Entraron en tromba, era como de película. Quitaban la música y ponían luz de limpieza. A los clientes les pedían el certificado COVID y si no llevaban mascarilla les denunciaban. Al que protestaba empujón y contra la pared", comentan. A su vez, comparan lo vivido en las salas con la prudencia de estos últimos meses frente a los botellones: "Contra estos encuentros en la calle han sido muy cautos y en las discotecas han entrado a sangre y fuego. Si lo que querían era coordinar una acción ejemplarizante, la cosa no ha ido a bien", expone. 

Las imágenes de los antidisturbios entrando a discotecas de València

Las imágenes de los antidisturbios entrando a discotecas de València

"Lo que ha ido muy bien ha sido la respuesta de la juventud en cuanto al certificado COVID, lo llevaba todo el mundo", destaca el presidente de la coordinadora. Argumenta, además, que las salas están sufriendo una gran presión en las redes sociales y que la situación vivida ayer pudo haber ido a mayores: "En algunos casos se vivieron momentos muy tensos. La gente empezó a cantar 'fuera policía'. No pasó algo gordo de milagro". 

A su vez, apoya sus argumentos en las cifras oficiales: "Entraron en 18 locales y dicen que identificaron a 1.7000 personas. Solo 49 tenían algún problema con el pasaporte Covid. Eso es el 2,8 %, casi tres personas por local. Las cifras demuestran que fue una acción desproporcionada", apostilla. "En el momento en el que era más importante colaborar para impulsar la vacunación de los que faltan implantando el pasaporte COVID, la actuación de los responsables políticos de la seguridad centra sus actuaciones en volver a criminalizar al sector, desmontando los objetivos de la campaña de implantación del pasaporte", concluye.