Las universidades valencianas se enfrentan a un nuevo abismo. El fin de los pagos de la llamada «deuda histórica» que se avecina hace aún más necesaria la puesta en marcha del plan plurianual de financiación, que la Conselleria de Innovación ha vinculado recientemente a los presupuestos del Consell de 2023. La deuda histórica de las universidades se salda con transferencias anuales que la Generalitat realiza a las cinco instituciones públicas valencianas para saldar la deuda contraída con estas antes de 2008.
El origen de esta es que, cada año, la Administración inyecta fondos a las universidades públicas para su mantenimiento y que sufraguen inversiones o gastos corrientes. Bajo el mandato PP, el Consell no pagó esta subvención ordinaria desde antes de la crisis económica de la primera década de los 2000, por lo que los impagos se acumularon hasta rozar los 1.000 millones de euros. Para hacer frente al montante, se acordó en un convenio abordar una parte con transferencias anuales durante ocho años, de 2015 a 2022.
En total, se trata de más de 300 millones de euros que heredó el Botànic, pues lo pactó el Consell de Alberto Fabra cinco meses antes de las elecciones autonómicas de 2015. Desde entonces, se han abona año a año. De hecho, los últimos, el Consell ha aprovechado remanentes y presupuesto no ejecutado para adelantar el pago y hacerlo antes de fin de año. Por ejemplo, los conceptos de 2019, 2020 y gran parte de 2021 se transfirieron a los campus antes de enero.
Ahora, las universidades esperan el pago de la transferencia correspondiente a 2022, que cierra esta deuda y que de momento no han recibido. Después, se abrirá un nuevo escenario financiero que todavía desconocen. De hecho, para tratar esta cuestión, la Conselleria de Innovación reunirá a los expertos de los presupuestos y a las universidades, según ha podido confirmar Levante-EMV.
Las universidades consultadas por este periódico destacan la necesidad de que el plan de financiación se resuelva para reducir incertidumbres ya que, en la práctica, perderán una fuente de ingresos que tenían. Y es que la congelación del presupuesto del sistema universitario público valenciano desde hace una década —como denuncian habitualmente los rectorados— ha convertido la transferencia anual de la deuda en una manera de cubrir de gastos operativos, ya que no tiene partida finalista y, por lo tanto, las instituciones pueden gestionar estos fondos según les convenga.
La duda de la partida estructural
De no acordarse una nueva vía de financiación que cubra el vacío que quedará tras finiquitar la deuda, las universidades se quedarán únicamente con los ingresos por la subvención ordinaria —que en algunos casos ya solo sirven para pagar las nóminas de la mayoría del personal— y con los pagos por las compensaciones estatales y autonómicas (por ejemplo, correspondiente a la diferencia del precio de los créditos).
En septiembre, en la apertura del curso en la Universitat Jaume I de Castelló, el presidente Ximo Puig recordó que el sistema universitario público valenciano recibe unos 1.000 millones al año. Además, insistió en que se trabaja en un «horizonte estable de la financiación universitaria» como piden las universidades y también planteó una alternativa a los pagos de la deuda histórica. Sobre esto afirmó que «se consolidará esa partida como estructural», si bien mencionó el contexto de infrafinanciación que sufre la Generalitat y los gastos derivados de la pandemia actual.
En 2021, el pago previsto para las cinco universidades públicas valencianas ha sido de 86 millones, de los que más de 60 se pagaron antes del final del 2020; mientras que para 2022 quedarán por abonar más de 90 millones, de una deuda que en total ascendía hasta casi 394,6 millones de euros. El desglose por universidades del último pago es de 17,5 millones para la Universitat d’Alacant; 10,27 para la Miguel Hernández de Elx; 26,6 en el caso de la UPV; mientras que para la UV se prevén 30,8 millones; y para la Universitat Jaume I de Castelló, 9,45, según publicó este periódico.
Además, al estar programados los pagos —una cantidad que ha variado cada año— las universidades sí sabían de forma anticipada cuánto iban a percibir, lo que les ha permitido organizarse, siendo siempre la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV) las que más ingresos han recibido, por su envergadura y características. De ahí la «acuciante» necesidad de contar con el plan de financiación, afirman las fuentes consultadas.
Un informe revela la brecha de género en el salario
El Ministerio de Universidades, Aneca y CRUE Igualdad han presentado el informe «Brecha salarial de género en las universidades públicas españolas», con datos de 50.000 docentes. Entre otras cosas, se desvela un 10,9 % de brecha salarial entre hombres y mujeres en el sistema universitario público, que asciende hasta el 16,9 % en el caso de los complementos salariales. En este punto, en las retribuciones por liderazgos de proyectos, la diferencia entre lo que perciben hombres y mujeres se dispara hasta el 41,4 %.
