El gobierno de la Comunidad de Madrid que preside la popular Isabel Díaz Ayuso ha cerrado esta semana sus presupuestos, unas cuentas públicas que se elevan a más de 27.000 millones de euros y que crecen un 14% más con respecto al año anterior. Un crecimiento que está muy por encima de la media estatal y casi cinco puntos más de lo que lo hicieron los presupuestos de la Generalitat, ya de por si expansivos por la inyección de los fondos europeos y la incorporación de partidas reivindicativas para paliar el déficit de la financiación autonómica.
Las cuentas madrileñas contemplan, además, una importante bajada de impuestos, con rebajas de calado en el tramo autonómico del IRPF y con la desactivación de los impuestos propios. Son fruto de un acuerdo alcanzado con la ultraderecha de Vox, que ha permitido con sus votos que el documento salga adelante a cambio de un listado de trece exigencias que en su mayor parte conllevan un incremento del gasto. Ayuso ha podido esquivar algunas de las peticiones de corte más ideológicas de Vox y que suponen una persecución hacia determinados colectivos (como la derogación de las leyes LGTBI); ha asumido otras (como la auditoría a los menores extranjeros no acompañados), aunque los principales peajes pagados son partidas «sociales».
Así, varios de los trece puntos se centran en paquetes sociales (la estrategia de Vox para ampliar su base electoral en sectores de clase obrera) para incrementar la dotación del Plan de Cuidados Paliativos, ayudas para adolescentes embarazadas, apoyo a familias con miembros autistas, financiación de la primera vivienda o extensión de la gratuidad en la educación no obligatoria. Esta última está cuantificada en 65 millones de euros. El resto no están concretadas, pero en todo caso supondrá un aumento del gasto. En la Comunitat Valenciana, el grupo de Vox en las Corts ha seguido la táctica de sus compañeros en Madrid con 500 enmiendas que, entre otras cuestiones, plantean avanzar en la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años.
Estirar las cuentas públicas madrileñas no ha sido, sin embargo, un problema para el PP madrileño. La Comunidad de Madrid, por encima de la media en financiación autonómica y con la ventaja de su poder centrípeto para atraer riquezas de otras autonomías (el conocido como efecto capitalidad), da para rebajar la presión fiscal a sus contribuyentes, pero también para salvar las cuentas de la mano de la extrema derecha.
La Comunidad de Madrid no se ha visto en la necesidad, como le ocurre a la Comunitat Valenciana, de habilitar partidas de ingresos para sostener gastos sociales, pero que tienen pies de barro ya que se basan en reivindicaciones al Gobierno central que probablemente no atenderá este ejercicio.
Es el caso de la partida reivindicativa de los 1.325 millones de euros que cada año consigna el Botànic y la nueva incorporada en los presupuestos de 2022 para reclamar el fondo covid. Esta, en particular, se incorporó tras un tira y afloja con las conselleries de Compromís sobre el aumento de gasto. El Botànic tuvo que recurrir a esta fórmula para poder sostener en el documento el gasto previsto en partidas sociales.
Déficit y deuda
El Consell es consciente de que si no llegan recursos extraordinarios compensatorios, su déficit aumentará. Las reglas de gasto están suspendidas en 2022, así como los objetivos de déficit, pero el Gobierno pide ajustarlos al 0,6%. La Generalitat, a pesar de los esfuerzos de contención, no ha logrado cumplir con los objetivos y este año y el siguiente, habrá desfase. Mayor déficit, que acaba en deuda, y esta a su vez, lastra las cuentas. Un problema que otras comunidades no tienen.
De hecho, las dificultades para sacar adelante las cuentas y hacer frente a las necesidades de gasto social incrementado por la pandemia, no es una cuestión que afecte solo a la C. Valenciana. Es un problema también para otras comunidades infrafinanciadas del PP. Andalucía, al igual que el Consell del Botànic, ha tenido que recurrir también a la partida «ficticia» del fondo covid, mientras que el Gobierno de Murcia, a la cola de la financiación junto a la C. Valenciana, ha optado finalmente por presentar un presupuesto con más déficit del sugerido por el Gobierno. De hecho, su primer proyecto presupuestario suponía recortes en varias consejerías. Finalmente, el gobierno murciano optó por modificar el techo de gasto e incrementar a un 1% el objetivo de déficit.
