El día 7 de enero de 2021 el temporal de nieve de la borrasca Filomena asoló toda la comarca de la Plana de Utiel Requena y dañó la vía férrea que los conectaba con Cuenca y València, el que con cariño se conoce como “tren Borreguero”. Los pueblos no lo sabían, pero esa fue la estocada final a una línea con más de 75 años de historia, que se va a desmantelar para dar paso a una vía verde, dejando desconectados a muchos pueblos de la zona.
Por este motivo la localidad de Camporrobles (una de las más afectadas) se ha concentrado hoy, día 7, contra el desmantelamiento de la línea y una mayor inversión en Cercanías, y lo volverán a hacer el mismo día cada mes. El día que Filomena cortó la línea. Esta no es la única acción de protesta que municipios y vecinos están llevando a cabo contra el cierre de la línea, que consideran un “insulto”. David Escuder, un vecino de Cardenete, en Cuenca, ha lanzado esta mañana una recogida de firmas en Change.org, que lleva en pocas horas varios miles de apoyos y en muy poco tiempo ha llegado a los 2.500 previstos en un inicio.
La petición de firmas reza que el Gobierno de España, con la complicidad de las administraciones autonómicas “ha decidido cerrar la línea de ferrocarril convencional que vertebra los pueblos de Madrid, Cuenca y València, y que solo necesita un mantenimiento decente y unos horarios coherentes”. “Todo-continúa- para favorecer el negocio de unos pocos y dejando tirados a un montón de pueblos de la España vaciada”.
La secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo del Olmo, comunicó el martes de la semana pasada esta decisión a las poblaciones afectadas en Cuenca, donde presentó el proyecto “XCuenca”, para reconvertir en vía verde los tramos Cuenca-Utiel y Tarancón-Cuenca. El extremo de la línea de Utiel a València se mantiene con la línea C3, sobre la que pesa una histórica falta de inversión, según critica el alcalde Fernando Benlliure, aunque está previsto modernizarla.
Oposición frontal
Los municipios, como informó este diario, ven la decisión de Transportes como un “insulto”, que afecta a una de las arterias para el desarrollo económico y demográfico de la zona. Inma Alemany, alcaldesa de Camporrobles, explica que “nos deja completamente aislados”. “La propuesta de movilidad en realidad es para Cuenca, pero Camporrobles se queda como una isla perdida, sí que es cierto que se mantienen autobuses que conectan la zona, pero necesitamos un compromiso para mantener el tren de Cercanías”, cuenta.
Alemany denuncia que “ningún Gobierno ha invertido aquí en 35 años” y critica que se deje morir “una infraestructura que ya está construída”. “Para el desarrollo de Camporrobles es esencial ese tren de Cercanías”, denuncia Alemany.
En la misma línea se posiciona Fernando Benlliure, alcalde de Utiel, localidad que se queda ahora en uno de los extremos de la línea. “Necesitamos que se invierta en mejorar la línea C3 (Utiel-Valencia) y sobre todo en las cercanías con Camporrobles, que es el sitio más afectado, pero también que se mejore el trazado que nos conecta con València, porque es algo fundamental para el desarrollo económico de nuestra zona”, explica Benlliure. Aunque no todo es el desarrollo económico, según Benlliure el tren es clave para vertebrar la zona y comunicarla. "En las zonas despobladas las comunicaciones son algo que influye muchísimo en la capacidad de las personas de venir, instalarse y tener un proyecto de vida, que se mejore la línea es vital para el desarrollo de la zona”, cuenta.
Daniel García es alcalde de Arguisuelas (Cuenca) y asegura que se sienten “engañados y abandonados”. “Es una vergüenza que hayan estado dos años diciendo que no se cerraría la línea y que el 30 de noviembre lo anunciaran. Sentimos que nos han mentido durante dos años en declaraciones en el Senado y respuestas del Gobierno”, explica.
Pese a todo, ni Arguisuelas ni los pueblos de la zona dan todavía la batalla por perdida y reclaman la protesta ciudadana. “La respuesta de la gente es alentadora para pensar que estas movilizaciones son un punto de inflexión, no un punto final, porque no se ha decidido el cierre de la línea. Hasta que no se apruebe en consejo de ministros no se puede levantar la obligación de servicio público. Desde Cuenca -prosigue- quieren que los ayuntamientos firmemos ya los protocolos de compromisos, pero nosotros, igual que muchos pueblos, no estamos dispuestos a firmarlos”.
