Paz, justicia e instituciones sólidas. El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 16 dictado por las Naciones Unidas es, quizás, el más transversal. Apela a cada acto humano y está, a su vez, interconectado. No puede haber paz si no hay justicia y equidad, algo que tiene como base unas instituciones sólidas.

Estas son imprescindibles para tener una sociedad «justa, pacífica y segura». Así lo apuntó Toñi Serna, secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática hace unos días en un desayuno informativo sobre el ODS organizado por Levante-EMV y patrocinado por Facsa, la Autoridad Portuaria de Valencia y Caixa Popular. Un encuentro enmarcado en el Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra mañana, y en el que también participaron Jesús Pla, diputado y miembro de la comisión de Transparencia de las Corts; Pedro Coca, presidente de la Fundación Étnor; y José Mª Tomás, presidente de la Fundación por la Justicia.

Abrió el diálogo —que estuvo moderado por el periodista de este diario Julio Monreal— el asunto de las buenas administraciones. «No hay que confiarse, hay que defender las instituciones que tenemos, pues se están poniendo en cuestión en un intento de regresión, por eso hay que trabajar para, lejos de deslegitimarlas, reafirmarlas», añadió Jesús Pla en su primera intervención.

Reivindicar la confianza

«La integridad institucional no tiene por qué estar reñida con la eficacia», complementó Serna, quien también se refirió «a quienes quieren cuestionar los derechos fundamentales». Pedro Coca, por su parte, comenzó felicitando al Consell por ser un gobierno sólido, pero recordó que no significa que sea eterno e infranqueable. «Los gobiernos sólidos los hemos construido los ciudadanos y es nuestra obligación defenderlos, pues una institución sólida es la base de un entorno confiable», dijo. Puso como ejemplo de confianza el mundo empresarial. «Todos los pasos que se dan se basan en la confianza. Pago y luego recibo, estoy confiando; encargo al proveedor y planifico, estoy confiando en que me hará la entrega» y un largo etcétera. Y esa, según Coca, es la relación que las mercantiles tienen que tener con las instituciones, han de confiar en ellas. «La falta de instituciones sólidas es una injusticia. Necesitamos buen gobierno para conseguir, precisamente, justicia y eficiencia», señaló Pedro Coca. José María Tomás, por su parte, ratificó que la estructura institucional requiere solidez, pero además, necesita de un compromiso global y duradero. «Las instituciones facilitan la justicia para las personas, para todas. No solo para las de un país». «La pandemia nos ha situado en un escenario mundial en el que todos tenemos algo que aportar», declaró el magistrado.

Justicia: no dejar a nadie atrás

Pero, ¿cómo mantenerlas sólidas? «la ciudadanía tiene el compromiso de exigir y participar en un sistema que no debe dejar a nadie atrás, lo que significa ser justos con todas las personas». Por su parte, Coca opinó que, «hemos de asumir nuestras obligaciones como ciudadanos y no cuestionar a la figura institucional, porque si no haremos que se tambalee el pilar que sostiene nuestros derechos». Eso sí, los gobernantes tienen que ofrecer la misma confianza, dijo. «La falta de instituciones sólidas genera injusticia social», resumió, al tiempo que puso como ejemplo que la inestabilidad institucional acarrea consecuencias para los ciudadanos. Precios más caros o poca variedad de productos, que cambian sus sedes a países con seguridad jurídica.

En este primer punto, José María Tomás, por otra parte, sentenció que «no se puede alcanzar la paz sin un compromiso con la justicia». A la pregunta de cómo se aterriza este concepto, Tomás ejemplifica: «cuando hablamos de vacunarse o no, hablamos de justicia», insinuó. «Ha de ser una responsabilidad universal en la que todos tenemos que responder, si hay un infectado de covid, todavía habrá contagios».

Dar cuenta y evaluar medidas

Con todo, el gobierno sólido requiere transparencia y dar cuenta de las políticas a la población evaluando cuál es el impacto de las mismas, añadió. «Primero hay que poner el huevo y luego cacarear», dijo metafóricamente Tomás Tio en relación a anuncios de medidas que después no se llevan a cabo.

Así, resaltó la importancia de legitimar las leyes midiendo su aplicación. Medir cómo afecta la legislación a la vida cotidiana y garantizar una confianza en los gobiernos, algo que en los últimos años se había perdido por el camino. Los representantes del poder legislativo y ejecutivo del Consell, respondieron a esta responsabilidad afirmando que la tarea de evaluación está contemplada en la nueva ley de Transparencia que pretende actualizar la vigente, datada del año 2015. «La proposición de ley que está preparándose contempla la evaluación de las políticas de transparencia cada seis meses así como la forma de comunicarlas», informó Jesús Pla, parlamentario de las Corts.

El presidente de Étnor señaló que desde su ámbito, el empresarial, «la evaluación es continua» y, aunque reconoció que es más complicado valorar las políticas públicas, cree que se ha de dar importancia a las partidas económicas como justificación. «Hay que revisar la legislación para asegurar que todo lo que se contempla en las cuentas pueda finalmente llevarse a cabo». Y como ciudadano, dijo Coca, «hay que defender el Estado y exigir que se trabaje con un planteamiento global». Pues, «todos somos corresponsables de lo que ocurre en el mundo».

Recuperar el dinero corrompido

Toñi Serna, por su parte, añadió respecto a la partida destinada a cooperación que «estamos avanzando para alcanzar el objetivo final»: aumentar el presupuesto. Lo ideal es destinar el 0,7 %, ahora la cifra está en 0,2 %, según se expuso durante el acto.

«El Gobierno valenciano se está implicando en la cooperación internacional y está recuperando dinero que algunos robaron e incorporándolo a los presupuestos», dijo.

Además, Serna detalló que «de los más de doscientos expedientes que quedaban por resolver cuando llegamos a la conselleria, ahora hay solo diecinueve». El fin es «generar confianza». «Antes éramos la vergüenza y ahora somos el espejo donde se miran otras comunidades», añadió Serna. «La cooperación no es caridad, sino responsabilidad con la humanidad», dijo, al mismo tiempo que apuntó la importancia que tiene la educación para la ciudadanía: «a veces no sabemos cómo hablar de cooperación para no confundir, pero es esencial», sentenció la secretaria autonómica.

Con motivo del día contra la corrupción y respecto a esta práctica ilícita, protagonista durante años de las instituciones valencianas, más aún en la Conselleria de Cooperación, escenario donde se produjo el caso Blasco (en el que se desvió dinero destinado a cooperación a otros fines), Jesús Pla aludió a la importancia de que las prácticas corruptas sean condenadas socialmente, además que de un procedimiento judicial. «Podremos hacer mil leyes pero si no hay una conciencia social que condene la corrupción no servirá para nada», opinó el diputado.

Por otra parte, durante la jornada se abordó la importancia de la transparencia en los gobiernos, pero también la digitalización de los datos públicos y las medidas que garanticen que esta información llega y se queda en el tablón de anuncios sin que nadie la lea. La realidad es que hay una brecha digital de los recursos de transparencia. «Hay que paliarlo con publicidad, ejerciendo el derecho al acceso a la información y reutilizando los datos, que la sociedad civil pueda hacer uso de ellos», dijo Jesús Pla, quien matizó, al mismo tiempo, que «la ley en tramitación quiere abordar el problema de atiborrar de información incomprensible al ciudadano», que, aunque tiene los datos a su abasto, no sabe cómo leerlos ni interpretarlos.

Paredes de cristal inaccesibles

Coincidió Toñi Serna: «Las paredes de cristal son difíciles de traspasar, la gente mira pero no ve lo que hay y el gobierno tiene que ir en esa dirección, aunque a veces sea difícil». Hay un hecho, y es que no todo el mundo llega a toda la información pública de una institución pública. Sea cual sea. «La transparencia no es difícil de construir, lo que es más complicado es hacerla llegar a toda la sociedad», concluyó Serna. No es que no se quiera, es que todavía no se ha encontrado la fórmula, según José María Tomás. «La administración tiene el compromiso de rendir cuentas y de ser clara, pero es complicado porque el destinatario es múltiple, variado y diferente». ¿Cómo hacerles llegar el mensaje? Tomás pone de ejemplo las sentencias judiciales, a las que muchas veces ni siquiera las personas interesadas tienen acceso, porque no las comprenden».

«Hay que notificar personalmente con las novedades de la agenda pública y explicar lo que cada acto significa». Se trata, una vez más, del concepto de justicia y gobierno abierto. Dos requisitos indispensables para alcanzar la paz, que si no se trabaja remando «todos a una» jamás será plena.