La propuesta del Ministerio de Hacienda de los nuevos criterios para calcular la variable de la población ajustada (la más cuantiosa ahora y la que debería ser «factor fundamental») en el reparto de la financiación autonómica deja muchas ventanas abiertas y abre así el campo a la elaboración de hipótesis más o menos favorables a unas comunidades u otras, material hoy inflamable en el debate político. Fedea, laboratorio económico de referencia en temas de financiación autonómica, publicó ayer una nota de su director, Ángel de la Fuente, en la que compara el cálculo de la población ajustada propuesto por el ministerio con esta variable en el modelo actual, a partir de datos de 2017.

Cómo afectaría el reparto según el estudio de Fedea.

Cómo afectaría el reparto según el estudio de Fedea. Fedea

La conclusión del experto es que es positivo que el ministerio emplee el núcleo de la propuesta de la comisión de especialistas de 2017, pero critica la utilización en la fórmula de población ajustada de «variables adhoc que introducen elementos de arbitrariedad en el cálculo de las necesidades de gasto de las comunidades». El resultado así es negativo para la Comunitat Valenciana, que se vería penalizada en el cálculo de la población a pesar de ser la peor financiada. El informe concluye que la Comunitat Valenciana reduciría sus necesidades de gasto y se quedaría como la última de la lista autonómica.

El problema es que el sistema actual no se basa solo en la población ajustada. Es la variable más cuantiosa, pero existen otros tres fondos que generan «diferencias muy importantes» en el cómputo general, explicó ayer el director del Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) y uno de los principales especialistas en financiación autonómica, Francisco Pérez. Esa es la parte que no recoge el informe de De la Fuente, centrado únicamente en la variable de la población ajustada.

De esta manera, según el trabajo de Fedea, el territorio valenciano estaría ahora en el 97,3 % de cobertura de sus necesidades de gasto s, donde el 100% sería la media española, si se tiene solo en cuenta la población ajustada. Con la propuesta de población ajustada del ministerio pasaría a tener cubierto el 95,6 %. La caída sería de 1,7 puntos. Sería la última de España por detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía, si se tiene en cuenta solo este criterio.

Aún así, las comunidades que más perderían con respecto a su posición actual serían Galicia (2,69) y Canarias (2,95). En el lado contrario, el informe subraya que se aumenta «muy apreciablemente las necesidades de gasto atribuidas a Extremadura (8,6 %) y Aragón (7 %)». No obstante, los resultados son muy diferentes si, como ayer defendía el IVIE y la Conselleria de Hacienda, se tiene en cuenta la financiación definitiva por habitante, incluyendo los fondos de Suficiencia y Convergencia.

Esa es la fotografía real y, en ella, la Comunitat Valenciana está el 90,3 % de cobertura de sus necesidades de gasto, según la liquidación de 2019. Solo Murcia tiene hoy un dato peor (88,9 %). Por tanto, la Comunitat Valenciana mejoraría considerablemente si pasara a estar en el 95,6 % de gasto cubierto por el sistema de financiación. Solo Murcia crecería más. En el lado contrario, Cantabria, que ahora es la mejor financiada con el 128,8 % de recursos disponibles, bajaría al 105,5 %. Lo que se observa al comparar el reparto real actual del sistema de financiación ajustada con el resultado que ofrece Fedea de cómo quedaría con la propuesta de población ajustada del Ministerio de Hacienda es que las desigualdades se reducen. Con todo, y pese a mejorar, la Comunitat Valenciana seguiría siendo la última.

Y eso cuando no está claro que la población ajustada sea el criterio único para el nuevo sistema de financiación. El ministerio habla de «factor fundamental». Ayer mismo, el departamento de María Jesús Montero precisó que lo que determinará la financiación de los territorios «son los fondos que se definan, no la población ajustada sólo». Para la Conselleria de Hacienda, la población ajustada es un buen inicio, cuando la mayoría de autonomías no quería este criterio. Su trabajo ahora hasta final de enero es conseguir una mejora en los factores de cálculo de esta variable y que no se incluyan otros fondos que distorsionen el reparto final, como ocurre ahora.