La vida sigue después de ser alto cargo de la Generalitat y lo habitual es que esta siga en el ámbito público. De hecho, el sector privado es una opción casi residual para la nómina de altos cargos que de forma voluntaria o forzosa han dejado el calor de sus despachos para volver a ser ciudadanos o ciudadanas de a pie. En concreto, solo un 16 % de los altos cargos que han cesado en los últimos cuatro años han solicitado la compatibilidad para trabajar en una empresa o probar suerte como autónomo.
El grueso (un 69 %) lo conforman aquellas personas que continúan con nómina pública, aunque desde lugares distintos. Los más son quienes tenían plaza funcionarial en centros sanitarios o educativos o en la universidad, aunque algunos han podido seguir reenganchados como altos cargos pero bajo el paraguas de la Administración del Estado. Una decena se han jubilado, mientras que tan solo seis manifiestan haber quedado en situación de desempleo.
Estas son las principales conclusiones de los decenas de resoluciones de reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de la actividad posterior al cese de los altos cargos de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental que elabora la oficina de conflicto de intereses.
Proporcionar esta información es obligatoria para estos cargos, tal como recoge la ley 8/2016, de 28 de octubre, de Incompatibilidades y Conflictos de intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos, aprobada por el primer Botànic. Al amparo de esta ley se creó una oficina para velar por el cumplimiento de la norma. En el caso de altos cargos que quieren reincorporarse a sus antiguos trabajos o explorar nuevas opciones deben comunicarlo a este organismo.
La ley marca que «las personas cesadas de cargos públicos deberán presentar declaración de las actividades que se van a desempeñar tras el cese» , además de información tributaria durante los tres años posteriores al cese. Desde febrero de 2018, la oficina ha emitido cerca de 480 resoluciones de todo tipo (incluidas las que también han de emitirse cuando se produce el nombramiento o sucesivos nombramientos), si bien las correspondientes al cese son unas 106. De ellas, 73 pertenecen a exresponsables públicos que comunicaron su intención de regresar a sus trabajos en el ámbito público. Unos sesenta eran funcionarios o funcionarias antes de integrar el Consell o el segundo escalón. Así, una quincena regresó a la universidad ( el vicepresidente Rubén Martínez Dalmau o el exconseller Manuel Alcaraz) y el resto a su plaza de profesorado (Angela Ballester) o en el ámbito médico o judicial, como el fiscal José Gabriel Olmos, por poner algunos ejemplos. Otros han seguido de altos cargos pero en el Gobierno de España como Josep Vicent Boira. Y Algunos procedentes de la anterior legislatura recalaron en las Corts como las diputadas Aitana Mas o María José Salvador.
Sin trabajo tras el cese
En todo este tiempo, según la información facilitada a la oficina de intereses, hay seis casos de altos cargos que declaran encontrarse sin empleo tras el cese. La lista la conforman las siguientes personas: David Vergara, ex director general de Emergencia Habitacional; Enrique Ojeda, exgerente de la Epsar; Verónica López, exdirectora de Justicia; Empar Marco, exdirectora de À Punt; Yolanda Parrado, exdirectora de Modernización; y Antonio Martínez, exdirector del departamento de Elx-Alacant. Salvo que no hayan actualizado sus datos, estos excargos constan sin ocupación.
Por su parte, de los 106 ceses acumulados estos cuatro años, solo 17 personas han encontrado acomodo en el sector privado. El mundo de la abogacía es el más recurrente para quienes están fuera ya de la Generalitat y carecen de una plaza funcionarial donde regresar.
Otros, tras su paso por la gestión pública, han regresado a las empresas de las que salieron, como es el caso de David Fernández (Balearia) o el exresponsable de la Epsar, Augusto Montamarta, ahora en una empresa de tratamiento de aguas residuales. La vida ha seguido para otros en ámbitos relacionados con el área donde fueron fichados. Es el caso de Ángel Bonafé, exdirector del Instituto Valenciano de Acción Social, que trabaja en un centro ocupacional o Inmaculada Carda, responsable de Inclusión Social, y ahora en Cáritas.
