Hay tres modificaciones sustanciales que el Consell pretende incorporar a la propuesta que el pasado viernes publicó el Ministerio de Hacienda sobre el criterio de población ajustada para la reforma del modelo de financiación y que se presentarán en forma de alegación antes del 30 de enero.

Las prioridades están claras, pero la propuesta valenciana se va a dejar en manos de la comisión de expertos porque el objetivo último es preservar la unidad política, es decir que no se resienta el frente que une a todos los partidos, salvo la ultraderecha, y que el Consell considera la gran fortaleza de la reclamación valenciana. Una unidad de acción que ha permitido abrir el melón de la reforma con la propuesta del Gobierno, algo inédito hasta ahora.

Las tres aportaciones valencianas son: que el criterio de población ajustada sea el único que tenga incidencia en el futuro modelo de financiación, de forma que se obvien otros factores correctores; que se eliminen los fondos, como el de suficiencia, que desvirtúan el reparto y acaban por perjudicar a la Comunitat Valenciana y que se destierre definitivamente el denominado «statu quo», es decir la inercia histórica que siempre beneficia a unas autonomías y perjudica a otras y que en el caso valenciano genera una merma de 1.400 millones anuales.

Otra de las prioridades valencianas es la de no generar ningún conflicto entre autonomías. «Si conseguimos eso ya tendremos mucho avanzado; si desaparecen los fondos ya ganamos más de mil millones, pero vamos a trabajar para que el modelo atienda sobre todo a los criterios demográficos y que se adecue mejor a nuestras necesidades de gasto», aseguró el conseller de Hacienda, Vicent Soler, que reunió a la comisión de partidos y expertos en las Corts.

Soler insiste, sobre todo, en la necesidad de que desaparezcan los fondos, el de suficiencia y el de convergencia, que a su vez tiene otros dos, el de competitividad y el de cooperación, y que convierten el modelo de financiación en un sistema «totalmente complejo, opaco y discriminatorio».

Aunque el conseller sostiene que abrir el debate en un asunto donde el bloqueo ha primado durante años ya es una victoria de la sociedad valenciana, también admite ahora que la propuesta de Hacienda no acaba de gustar, aunque llama a no hacer análisis precipitados sobre si el planteamiento beneficia o no a los valencianos porque el estudio difundido el jueves por la fundación Fedea no analiza el sistema de financiación sino solo una parte, el criterio de población ajustada.

Muchas incógnitas por resolver

De hecho, quedan aún muchas incógnitas por resolver como el dinero adicional que tendrá que poner el Gobierno en el sistema de financiación, que además, por lo que se conoce, tiene que ir acompañado de una reforma fiscal que permita aumentar los recursos del sistema, pero de la que no se conocen más detalles. Otra de las propuestas que plantea el conseller Soler es que los costes fijos no se tengan en cuenta únicamente para las siete autonomías menos pobladas, así como que el criterio de la despoblación, al margen de variables como la dispersión o la superficie, que ya se tienen en cuenta en los ajustes, puedan englobarse en otros fondos como el de Compensación Interterritorial, del que aboga por ampliar su dotación.

Mientras, los socios del PSPV en el Botànic, Compromís y Unides Podem, se han mostrado durante la última semana muy distantes con la propuesta del ministerio que han recibido con frialdad. Compromís lamenta que no se conozca qué va a pasar con la deuda histórica y si habrá fondo de compensación que palie la infrafinanciación hasta que se apruebe la reforma del modelo.

Compromís ve ambigüedad

El síndic de Compromís, Fran Ferri, cree, como el diputado Joan Baldoví, que el documento es ambiguo y que a lo que debería ser un «esqueleto» de la reforma le falta «la columna vertebral».

Mientras, el diputado de Unides Podem Ferran Martínez aplaude que por fin se haya abierto el melón con el criterio de la población ajustada, pero defiende que el nuevo modelo debe cumplir con el principio de suficiencia y que los desequilibrios territoriales se solventen con el fondo de Compensación Interterritorial.

El diputado del PP Rubén Ibáñez asegura que la Comunitat Valenciana «se ha quedado en los huesos» con este «esqueleto» de financiación, que no reconoce la deuda histórica y se basa en datos sin actualizar, añade.

Ciudadanos considera que no se da respuesta a la infrafinanciación y también echa de menos cuestiones como la deuda histórica o el fondo de compensación hasta la aprobación del nuevo modelo mientras Vox aboga por devolver las competencias autonómicas al Gobierno central.