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Economía abre el melón con un plan amplio de teletrabajo para su plantilla

Función Pública tiene la última palabra

Personal de la Generalitat

La Conselleria de Economía, bajo la órbita de Compromís, ha abierto la espita del regreso del teletrabajo en la Generalitat. El departamento que dirige Rafa Climent ha sido el primero en enviar a la Dirección General de Función Pública una propuesta para que puedan trabajar de forma telemática alrededor de 400 funcionarias y funcionarios, es decir, prácticamente la mitad de la plantilla. El programa de teletrabajo es de máximos, ya que afecta a toda la conselleria e incluye una relación con todos los puestos susceptibles de teletrabajo. Es decir, Economía ofrece esta opción a todo aquel personal cuyas funciones de carácter burocrático pueden realizarse sin necesidad de desplazarse físicamente al puesto.

El programa se presenta al amparo del nuevo decreto que aprobó la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas el pasado mes de marzo después de un importante tira y afloja con las conselleries de Compromís. El socio de Gobierno presentó batalla cuando el Consell decidió el regreso progresivo de la plantilla conforme bajaba la incidencia del coronavirus al entender que seguía existiendo riesgo de contagio. Para contar con una regulación estable que mejorara la norma existente, Bravo impulsó un nuevo decreto cuya negociación se alargó durante semanas ya que Compromís y, en particular, la conselleria de Economía, consideraba el proyecto excesivamente restrictivo.

De hecho, la conselleria que dirige Gabriela Bravo tuvo que renegociar en varias ocasiones el contenido del decreto y salvar alegaciones e informes jurídicos contrarios hasta lograr un acuerdo. El decreto abría la puerta a que las subsecretarías de las distintas conselleries presentaran una propuesta para que su personal teletrabajara un máximo de tres días a la semana. Al no remitir la pandemia, Justicia abordó el teletrabajo por la vía de la excepcionalidad, es decir, fue decretando un porcentaje máximo de personas que podían trabajar de forma no presencial. En octubre todo el personal fue conminado a regresar físicamente en sus puestos ya que Función Pública dio por cerrada la situación de alerta. A partir de este momento, la pelota quedó en el tejado de las conselleries.

Economía ha dado el primer paso y lo ha hecho a lo grande. Ha remitido a Función Púbica un programa consensuado con los sindicatos en el que apunta que no es necesario establecer un máximo de puestos, lo que implica que no habrá baremo ni competencia entre las personas que voluntariamente quieran apuntarse. Así, en el documento se recuerda que el decreto aprobado ya contiene limitaciones para algunos puestos y que por lo tanto, descontando estos, el resto son susceptibles de teletrabajar. Fuentes de Economía aclararon que afectaría por tanto a la mitad de la plantilla ya que hay puestos, como los de atención al público, que no son suscetibles de ser incluidos. La norma fija que un mínimo del 20% de la plantilla en cada órgano superior o directivo debe trabajar de forma presencial. Economía, además, incluye en su plan los puestos de máximos nivel funcionarial (nivel 30) con un máximo de cinco día laborales al mes. A los puestos de jefatura por debajo de este nivel les ofrece dos días a la semana.

Esta cuestión fue objeto de discordia ya que el primer borrador los excluía y Compromís apretó para que levantar el veto. El texto al final los excluía con carácter general, aunque lo dejaba en manos de las subsecretarías. Con todo, depende de Función Pública aceptar o , en su caso, rebajar las pretensiones de Economía. Las miradas están puestas en este plan, el primero en presentarse, pero no el único ya que, según ha sabido este diario son varias las conselleries que lo tienen ultimado y que estaban esperando a que Economía rompiera el hielo.

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