La nueva Ley de Formación Profesional que ultima el Gobierno y fue aprobada por el Congreso la semana pasada, dibuja un nuevo escenario para centros, docentes y alumnado. Por ello, responsables de los más de 30 centros de FP de Escuelas Católicas (Escacv) en la Comunitat Valenciana han creado una comisión de trabajo para, entre otras cuestiones, realizar un seguimiento a los cambios que se avecinan y adaptar su oferta formativa a las nuevas exigencias legislativas.

Desde la comisión —constituida la semana pasada, y presidida por Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escacv—, «se tiende la mano a la Administración Autonómica para trabajar conjuntamente en beneficio de la FP y establecer una comunicación fluida en provecho de todos», apuntan desde la federación, que recientemente también se ha reunido con Manuel Gomicia, director general de FP de la Conselleria de Educación.

Desde Escuelas Católicas recuerdan que en sus centros valencianos estudian FP más de 6.000 alumnos con 600 profesores, por lo que reivindican su «recorrido» en el desarrollo de estos estudios, en los que quieren continuar presentes.

Fondos europeos

Por otro lado, la Mesa por la Educación en Libertad —que forma Escacv entre otras entidades representativas de la enseñanza concertada— pide que los Fondos Europeos orientados a combatir la brecha digital también lleguen a las escuelas concertadas.

Así, la plataforma critica que la Generalitat ha decidido que el presupuesto de los fondos «Next Generation», destinados a la compra de material digital, «solo sea para centros públicos» lo que «va en detrimento del alumno y de las familias», lamentan en un comunicado.