El anuncio de la disolución de las Cortes de Castilla y León y la convocatoria por tanto de elecciones anticipadas en esta comunidad (13 de febrero) cayó ayer en el Palau de la Generalitat como lluvia sobre el mar. Se notó, hizo ruido, pero no cambió nada. Las aguas siguen fluyendo como anteayer. El ritmo político valenciano mantiene su diapasón propio, aunque el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) haya abierto la veda electoral en las autonomías. Le seguirá previsiblemente Andalucía, donde Juan Manuel Moreno Bonilla (también PP) ya ha deslizado que podían ser en junio u octubre de 2022.

El ciclo electoral quedó ayer inaugurado y la primera reacción en la cúpula autonómica valenciana fue reprochar que se esté en cuitas políticas cuando la sexta ola de la covid-19 golpea con fuerza en todo el territorio.

Este contexto de refuerzo de la atención en la respuesta al coronavirus aleja aún más la posibilidad de que la decisión de Fernández Mañueco pueda influir en el calendario político valenciano. La de Castilla y León es la primera ficha que se mueve en el tablero, pero este continúa entero.

Es más, el panorama actual, con la pandemia regresando con fuerza, lo que genera incertidumbre a su vez sobre la recuperación económica (se ha demostrado en el pasado que las restricciones nunca se pueden descartar), aleja las posibilidades de un adelanto electoral valenciano. La «prioridad», dijo ayer el president de la Generalitat, Ximo Puig, es «la respuesta a la crisis». Es lo que marca la agenda valenciana, agregó al ser preguntado en su comparecencia tras la reunión de la comisión interdepartamental.

Nuevo escenario

Hace unos meses, la estrategia pasaba por el otoño de 2022. Hoy ya no es así. La opinión dominante en el entorno de Puig es agotar la legislatura. Hasta el límite posible, incluso. Extendiéndola hasta hacer coincidir la convocatoria autonómica con las municipales. Esto es, mayo de 2023. Las últimas para elegir presidente de la Generalitat fueron el 28 de abril de 2019. La legislatura superaría así los cuatro años si este pronóstico se cumple.

A día de hoy es el horizonte con más posibilidades debido a la ralentización de la salida de la pandemia. A favor de esta hipótesis juega además el hecho de contar con un presupuesto para 2023 potente, que prevé un aumento de las inversiones y articula mecanismos para canalizar los fondos europeos para la recuperación.

De cumplirse, las autonómicas valencianas volverían a su marco habitual, la simultaneidad con las locales, del que se salieron en 2019 por el avance aplicado entonces por Puig para coincidir con las generales.

Unos comicios valencianos en solitario tienen el valor de la singularidad, pero más allá del elemento simbólico de refuerzo del autogobierno, este escenario genera dudas. Podría propiciar un retroceso en la participación. De ahí, la preferencia de sumar con las municipales. La izquierda gobierna en la mayoría de municipios importantes (Alicante es la excepción) y, por tanto, la lectura en la sala de máquinas del Palau es que Puig y los alcaldes pueden favorecerse mutuamente.

Además de la evolución de la crisis sanitaria, difícil de predecir, el elemento que puede alterar los planes en este momento es que Pedro Sánchez pueda adelantar las elecciones generales. Pero es una opción poco probable en este momento, cuando el Gobierno está a punto también de aprobar unos presupuestos del Estado con la mayoría de la investidura. Y al Ejecutivo de España se le puede aplicar lo mismo que al del Botànic sobre las ventajas de que los efectos de la recuperación se noten. En este panorama, los mensajes que llegan al Palau es que las urnas podrían esperar en España hasta 2024.