El exvicealcalde de València Alfonso Grau se sentará en el banquillo de los acusados por los presuntos delitos de malversación, cohecho y blanqueo presuntamente cometidos en las elecciones de 2007 y 2011. Unos comicios a los que el Partido Popular de València supuestamente concurrió «dopado» y financiado de forma irregular por contratistas municipales.
Unos hechos por los que el titular del Juzgado de Instrucción 18 de València, que ha investigado el caso Taula, consideraba que Grau debía ser juzgado. Decisión que ayer ratificaron los magistrados de la sección cuarta Pedro Castellano, Pilar Mur y José Manuel Megía, en un auto en el que éste último ha sido el ponente. La Fiscalía Anticorrupción acusaba a Alfonso Grau de malversación y cohecho en las elecciones de 2007 (en las que el PP con Rita Barberá al frente alcanzó su techo electoral) y de cohecho y blanqueo en las elecciones de 2011.
Los magistrados de la sección cuarta consideran que el auto de procedimiento abreviado de Instrucción 18 que señala el banquillo a Grau es «totalmente ajustado a derecho, por lo que el recurso es improsperable y debe ser desestimado». La decisión es firme y no cabe recurso contra ella.
Tampoco consideran que deba «declararse nulidad alguna -como reclamaba Grau- pues no hay falta de motivación ni de individualización de acciones atribuibles al recurrente», señalan los magistrados de la sección cuarta.
Y respecto a los «equilibrios jurídicos» que la defensa del exvicealcalde achacaba al juez instructor al justificar la presunta malversación, los magistrados de la sección cuarta responden que «equilibrios hace el recurrente cuando estudia la naturaleza de la Fundación Turismo Valencia Convention Boureau (FTVCB) y, sosteniendo que es una fundación de naturaleza privada y Grau el presidente del patronato por delegación de la alcaldesa, el delito de malversación es imposible».
Dinero público a Laterne
Los magistrados también añaden en respuesta a la defensa de Alfonso Grau que en su recurso «no explica cómo, participando Grau en las entidades Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD) y la FTVCB, como presidente o patrono, y a través de las cuales el ayuntamiento de esta ciudad canalizaba anualmente importantes cantidades de dinero a estas entidades con cargo a su presupuesto, se sacó el dinero de esas fundaciones en favor de Laterne [la consultora de comunicación que organizó la campaña electoral de 2007] y con ello acudir a las necesidades del Grupo Popular del Ayuntamiento de València». Y los jueces dicen que éste el «núcleo del posible delito, no la naturaleza de la fundación sino si los dineros, que por su través se dilapida o distrae, son públicos».
Y añaden que «por más que se sostenga la realidad de los trabajos, lo que se investiga es si la calidad y necesidad de los mismos justificaba lo pagado por ellos, pues lo contrario sería una forma de sacar dinero, otra vez público, en beneficio de particulares». Todas estas cuestiones son las que «han de despejarse en otro escenario», señalan los jueces de la sección cuarta de la Audiencia de València, en referencia al futuro juicio oral, «pues éste está agotado», sentencian en alusión a la instrucción.
