El pleno del Consell ha aprobado este jueves el convenio entre la Conselleria de Participación, Transparencia y Calidad Democrática y la Autoridad Portuaria de Alicante que permitirá ceder el antiguo edificio de Sanidad Exterior del Puerto para ubicar la sede del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas.

La futura sede se ubicará en una parcela de 630 metros cuadrados de terreno perteneciente al dominio público portuario, en la que se sitúa el antiguo edificio de Sanidad Exterior, con una superficie de 410 m2, ubicado en la rotonda de la avenida Perfecto Palacio de la Fuente, según ha informado la Generalitat.

La nueva sede se convertirá, a su vez, en un espacio "de carácter cultural y didáctico para el impulso, difusión y divulgación de la memoria democrática", además de centro de documentación para la realización de congresos, jornadas y demás encuentros de tipo científico y divulgativo "como medida específica de reconocimiento y reparación a las víctimas".

OBRAS DE REFORMA

La cesión de uso de las instalaciones se efectúa por un plazo de 20 años prorrogables por cinco más, mientras el Instituto Valenciano de Memoria Democrática siga manteniendo esta necesidad. Para poder dar el uso al que se destinará el edificio, dada la situación física en la que se encuentra, es necesario acometer las obras de reforma para su rehabilitación y para la adecuación de los accesos, compromiso que adquiere el Instituto Valenciano de Memoria Democrática.

El Instituto presentará el proyecto de construcción en un plazo máximo de nueve meses, desde la fecha de adjudicación de la licitación correspondiente y las obras comenzarán en un plazo de veinticuatro meses desde el día siguiente a la fecha de notificación de la autorización del proyecto de ejecución, siempre que se haya obtenido la licencia municipal de obra.

Este es un organismo autónomo de la Generalitat adscrito a la Conselleria competente en materia de memoria histórica y democrática, con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y de gestión, además de plena capacidad de actuar para organizar y ejercer las funciones previstas en dicha ley.