Siglos atrás quienes amenazaban las riquezas nacionales eran piratas surcando los mares y confiscando los cofres que guardaban el oro de un país. Ahora ni quienes se lanzan al ejercicio de la sustracción van en barco ni los recursos económicos se guardan en cajas físicas del tesoro. La digitalización de la Administración es un proceso imparable que la pandemia ha acelerado, pero que abre un boquete de seguridad: la de la red, un punto sobre el que alerta la Sindicatura de Comptes.
«La transformación digital debe ir inseparablemente unida a la ciberseguridad», señala en su informe el órgano fiscalizador. Los llamados hackers o piratas informáticos se han convertido en una amenaza para las administraciones públicas. Casos como el del fraude de cuatro millones de euros a la EMT de València o los 1.600 ataques cibernéticos que dijo haber frenado la Generalitat a lo largo de 2020 son ejemplos del aviso del síndic.
Sistemas indefensos
De hecho, a mediados de diciembre un ciberataque global llegó hasta las librerías desoftware que utiliza la Administración autonómica y le obligó a reforzar la seguridad durante el fin de semana. «Los piratas buscan sistemas no defendidos para introducirse y una vez lo hacen, lo secuestran y piden un rescate», explicó en su momento el el director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, José Manuel García Duarte.
Este peligro viene recogido en el informe del síndic. Así, según indica, «la implantación de una administración electrónica avanzada tiene, como contrapartida de su eficiencia, un fuerte aumento de la superficie de exposición frente a las ciberamenazas, mayores riesgos de ciberseguridad y una mayor probabilidad de que se produzca una perturbación significativa en esos sistemas». Asimismo, el fiscalizador señala que estos ataques digitales son «cada vez son más sofisticados y destructivos».
Es por estos motivos por los que el órgano que dirige Vicent Cucarella considera «necesario que los responsables de los entes públicos gestionen proactivamente los riesgos asociados con el funcionamiento y uso de los sistemas de información utilizados para desarrollar y prestar los servicios públicos».
«Debe hacerse frente a las ciberamenazas de forma sistemática, estableciendo mecanismos de defensa en permanente alerta y evolución», desgrana la Sindicatura que sentencia que estos proyectos de para crear un entorno «ciberresiliente» deben «impulsarse principalmente desde el Consell».
