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AGENDA URBANA 2030

Una década para avanzar hacia la ciudad sostenible

Siete de cada diez municipios valencianos ya han suscrito el Pacto de las Alcaldías que obliga a desarrollar planes locales para descarbonizar y hacer urbes más verdes con el horizonte de 2030

Siete de cada diez ayuntamientos valencianos han suscrito el Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía, por el que se comprometen a elaborar planes de acción que conviertan a sus municipios en sostenibles. A día de hoy 396 consistorios, que representan a 4,4 millones de habitantes, persiguen una transformación hacia espacios urbanos más limpios, resilientes y habitables. Son las denominadas ciudades y comunidades 2030. Un reto que va más allá del tamaño poblacional.

Vinaròs, Alzira, Castelló, l’Eliana, Vila-real, Alcoi, Torrent o Elda son ejemplos de entidades locales que ya han recibido subvenciones estatales para impulsar medidas con las que avanzar hacia la llamada neutralidad climática. Alicante, Castelló de la Plana o València, como principales polos de la Comunitat Valenciana, figuran también en la relación de 121 corporaciones municipales a las que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana da una inyección económica para desarrollar políticas verdes que reduzcan la contaminación.

Las tres capitales de provincia figuran entre los quince núcleos valencianas que han de establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) no más allá de 2023 para reducir los gases de efecto invernadero. Así lo contempla la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética de ámbito estatal. Una medida que afectará en España a 148 ciudades, entre ellas Elx, Torrent, Orihuela, Torrevieja, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda i Vila-real.

Muy cerca se sitúan Alzira, Mislata y Dénia, que no superan los 45.000 habitantes pero que empiezan a poner en marcha estrategias para un futuro más respetuoso con el medio ambiente. El departamento de la ministra Raquel Sánchez ya ha habilitado una partida de 1.000 millones para la implantación de esas ZBE, mientras que el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía ha destinado 2.000 millones para fomento del coche eléctrico.

Para que la revolución energética no se quede en las grades áreas metropolitanas, el Ministerio para la Transición Ecológica ha reservado una partida de más de 400 millones para mejoras en pequeños municipios en la rehabilitación de colegios, ambulatorios y ayuntamientos con la instalación de techos solares y mejoras de la movilidad.

Otros 200 millones irán a parar a unas 200.000 viviendas para la sustitución de calderas por renovables. Para combatir el reto demográfico a través de la innovación se prevé hasta 400 millones a proyectos singulares de transición ecológica en territorios despoblados como la Serranía, el interior de Castelló, el Rincón de Ademuz o Valle de Ayora.

La expansión urbanística desordenada, cuando no desenfrenada y especulativa, choca frontalmente con la preservación de los recursos naturales. Paradójicamente solo diez comunidades autónomas, según los datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, disponen de algún instrumento de ordenación territorial de escala regional que sirva de marco estratégico para la planificación urbanística.

La Comunitat Valenciana, en ese sentido, es de las que cumplen. El Botànic ha desarrollado varias planificaciones de protección paisajística, como el Pativel, la Agencia de Protección del Territorio y también Planes de Acción Territorial como el de la Vega baja, el PAT de Castelló o el PAT de las comarcas centrales. Estas últimas son herramientas de colaboración entre la Generalitat y los ayuntamientos para aunar crecimiento y sostenibilidad desde una perspectiva supramunicipal con una máxima: la conservación activa del territorio.

Arcadi España, conseller de Obras Públicas, Política Territorial y Movilidad, insiste «en la necesidad de cuidar nuestro entorno, nuestro territorio, nuestras ciudades y nuestras áreas metropolitanas para conseguir lugares difícilmente deslocalizables». De ahí que la Generalitat haya impulsado la creación de la Agenda Urbana Valenciana, en línea con la española y la europea, con la prioridad de conseguir ciudades pensadas partiendo esencialmente de sus vecinas y vecinos.

La pandemia ha tenido una componente nada desdeñable de concienciación social respecto a la necesidad de entornos más saludables. «Las ciudades con mayor calidad de vida son ciudades más preparadas», remarca España. Algo que pasa por más parques, menos hormigón y la reducción de gases de efecto invernadero procedentes del tránsito rodado. De ahí los avances de urbes como València en aspectos como la peatonalización, la apuesta por la bicicleta y las limitaciones al coche particular. El Plan de Movilidad Metropolitana de València, presentado el miércoles por la conselleria, persigue en ese horizonte 2030 que 220.000 valencianos más se sumen a diario a modos de transporte sostenibles.

Para David Sandoval, presidente de Greenpeace, hay que pisar también el acelerador en la gestión de los residuos. «Tiene que promoverse la reutilización, la reparación y el intercambio, además de facilitar el acceso a talleres y tiendas de segunda mano», reseña. Además de remarcar la importancia de la sostenibilidad de los edificios, aconseja empezar ya a «desimpermeabilizar las localidades valencianas para recuperar agua de lluvia en el subsuelo y minimizar inundaciones». Entre sus reclamaciones, el impulso a a las energía renovables y al consumo de proximidad.

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica es uno de los brazos del Botànic en la consecución de sociedades preparadas para el reto climático. El departamento que dirige Mireia Mollà trabaja en favorecer la movilidad sostenible de las entidades locales a través de la Dirección General de Cambio Climático.

Puntos de recarga eléctrica

En 2020 hasta 53 localidades se beneficiaron de una primera remesa de ayudas de 2,7 millones para la instalación de puntos de recarga, renovación eléctrica de la flota de vehículos , ampliación del servicio municipal de préstamos de bicicletas. También para la instalación de energía renovable en los edificios públicos o el alumbrado de bajo consumo, como recuerda Mollà. Una partida duplicada en 2021.

En cuanto a la Dirección General de Transición Ecológica, ha puesto en marcha una oficina telemática e itinerante que recorrerá el territorio para convertir al ciudadano en parte activa de la transformación. «Hemos bajado a pie de calle para explicar a la gente la factura de la luz y cómo puede ahorrar», comenta. Mollà subraya la política proactiva de su conselleria «en la descarbonización y el ahorro de hogares y empresas, con el objetivo de que la población no sea solo consumidora, sino también parte de la respuesta viable y estructural a la emergencia climática».

«Como autonomía tenemos una gran fortaleza, que es el sol, pero una gran debilidad , que es una estructura territorial con muchas figuras de protección que limitan el despliegue de grandes plantas fotovoltaicas», incide la consellera. De ahí que elogie la iniciativa de ayuntamientos como el de València, que ha anunciado la instalación de 7.000 placas solares en cementerios municipales de la ciudad. «Hay que romper el monopolio de las energéticas y democratizar con las oportunidades y nichos que ofrecen las renovables, porque la transición ha de ser justa», explica.

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