Las feministas juzgadas el pasado 20 de diciembre de 2021 a raíz de su participación en la huelga del 8-M de 2018 no serán sancionadas. Así lo hizo saber ayer la Asamblea Feminista de València a través de sus redes sociales. Las sentencias de ambos juicios consideran que las sanciones han prescrito y libran de la multa a las dos feministas encausadas, a las que pedían abonar 1.200 euros de multa en total.
La abogada de la defensa, María Josep Martínez, de Alerta Solidaria, lo apuntó así al salir de los juzgados el pasado día 20: «Han transcurrido más de dos años desde que finalizó el plazo que tenía la administración para resolver el recurso de alzada y el momento en que se dictó».
Estas dos sentencias constituyen la segunda vez que la justicia da la razón a las feministas, inmersas en un largo proceso judicial que se inició en 2020 con tres juicios, que ha continuado en 2021 con tres más, y que proseguirá en 2022 con tres citas más en los juzgados.
Todos los juicios derivan de la veintena de multas impuestas por la Policía Nacional, «bajo el amparo de la ley mordaza» señalan desde la Asamblea Feminista, durante las movilizaciones de las huelgas feministas del 8-M de 2018 y 2019.
De los seis juicios ya celebrados, tres tuvieron una resolución favorable a las feministas. La sentencia del primer juicio, celebrado a septiembre de 2020, reconocía la parcialidad del atestado policial, puesto que incluía comentarios sobre el valenciano y la denominación País Valencià que no tenían nada que ver con los hechos, lo cual ponía en entredicho «la objetividad» de sus redactores.
En esta ocasión, las dos sentencias se basan en la prescripción de la sanción, pero desde la defensa se insistió en que tampoco había elementos probatorios suficientes que evidenciaran «la alteración de la seguridad ciudadana de que se acusaba las encausadas», según Martínez, abogada de la defensa.
Los otros tres juicios, en cambio, condenaron a las piqueteras encausadas. En cuanto a la sentencia del cuarto, celebrado el pasado 17 de noviembre, la abogada afirmó que «estamos estudiando la posibilidad de presentar un recurso, porque vulnera el derecho en la presunción de inocencia y hace una aplicación de la infracción excesivamente automática». De momento, las feministas han tenido que abonar cerca 7.000 euros de los 11.000 que supone el total de las sanciones.
