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Análisis

Pico y pala para la financiación

La C. Valenciana intenta mantener la presión para que la reforma del sistema aguante en la agenda española pese a la tensión electoral. Puig planea un encuentro con Mazón por la unidad antes de presentar la propuesta de los expertos

La ministra María Jesús Montero, en la reunión ayer de la sectorial de Economía del PSOE. | EUROPA PRESS

Pico y pala. La Comunitat Valenciana se ve obligada a mantener la presión para que la reforma del sistema de financiación autonómica se mantenga con fuerza en la agenda política española después de un inicio de año en el que el asunto ha dado síntomas de diluirse. El nuevo modelo continúa lejos, pero a final de 2021 parecía que bastante se había avanzado con el ‘esqueleto’ del criterio de la población ajustada que el Ministerio de Hacienda envió a las autonomías. Sin embargo, la sorpresa del adelanto electoral en Castilla y León ha supuesto una nueva vuelta de tuerca al argumento de que, ante la complejidad política de un acuerdo sobre la financiación, conviene orillarlo hasta la siguiente legislatura.

La amenaza no es nueva. Ha aparecido de forma guadianesca en todo este largo debate. Supone un aviso más al Consell de que no puede dormirse, porque son muchos los intereses para aparcar la financiación. Y la más interesada en la reforma solo puede ser la comunidad peor tratada, y esa es la valenciana.

De momento, se ha visto cómo la reforma no ha sido un tema central ni en el último comité federal del PSOE ni en las últimas comparecencias públicas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ayer mismo ni apareció en la entrevista que dio a la Cadena Ser en el inicio del nuevo ciclo político.

Así que toca intentar hacer ruido desde las instituciones valencianas. Pico y pala. O la gota malaya. Dos expresiones habituales cuando se aborda este debate. En el Palau de la Generalitat se mantiene no obstante cierta calma, porque consideran que el asunto aflorará por la inercia del calendario. El ministerio dio de margen a las autonomías hasta el día 31 de este mes para presentar sus propuestas sobre la población ajustada, así que Presidencia considera que la agitación volverá en torno a esa nueva barrera temporal.

Por lo que pueda pasar, el entorno del jefe del Consell, Ximo Puig, ya prepara un movimiento de cara a la presentación del documento que están elaborando los expertos de la Comunitat Valenciana. Además, quiere volver a reforzar la posición de unidad política en torno a la financiación. De este modo, estudia un encuentro en los próximos días con el principal referente de la oposición, Carlos Mazón, presidente del PPCV, para intentar salir de la mano en la presentación de la postura valenciana. Es aquello de que la unidad hace la fuerza. Y será una manera también de agitar social y mediáticamente el debate. Una forma de que no decaiga de las agendas de Madrid.

La tensión en el escenario político español entre el Gobierno y el PP es uno de los argumentos para postergar la reforma del sistema de financiación, que permanece caducado desde 2014 y que perjudica a la C. Valenciana, según todos los estudios. A ello se une además la voluntad reiterada de Cataluña de jugar esta partida por su cuenta, en el marco bilateral. Esa tensión se vería ahora agudizada con el contexto electoral en Castilla y León, donde irán a las urnas el 13 de febrero. Puig intenta que ese panorama no afecte a la posición valenciana, que se mantiene en la unanimidad social y política, como se vio en la manifestación de noviembre pasado.

La población ajustada es el criterio «fundamental» de la financiación autonómica en la que trabaja Hacienda. A los representantes del Consell les gustaría que fuera el criterio único, porque la aparición de otros fondos ha acabado distorsionando el reparto en los modelos anteriores para favorecer a las comunidades de la zona norte, menos pobladas, a las que les va bien si nada cambia.

De momento, no hay en agenda (que se conozcan) nuevos encuentros de altos representantes del Consell con otras comunidades, tras los acuerdos alcanzados con Andalucía, Baleares y, en un nivel inferior de representación, Murcia, todas infrafinanciadas.

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