La Conselleria de Sanidad anunció la semana pasada que se iba a contar con las oficinas de farmacia para supervisar el resultado de los test de antígenos y, en el caso de ser positivos, notificarlo directamente al sistema desde las boticas, en un intento de facilitar el trámite a los pacientes y aliviar la situación de los centros de salud, totalmente colapsados.

El acuerdo, sin embargo, pende ahora de un hilo ya que en las conversaciones previas entre la administración y los colegios profesionales no se llegó a tocar una cuestión primordial para los farmacéuticos: quién iba a asumir el coste de que las boticas entraran en el sistema de notificación de nuevos casos covid que hasta ahora recae en los sanitarios de Primaria. Desde los colegios profesionales ya han advertido que, al menos, tienen que cubrir los costes y que estos, si no se llega a un nuevo acuerdo, repercutirán directamente en el bolsillo del ciudadano que acepte pagar por el servicio.

El colegio de farmacéuticos de Valencia, Micof, fue el primero en mover ficha el lunes. A preguntas de este diario, anunciaron que los pacientes que pidan el servicio lo tendrán que pagar. Ayer, la Conselleria de Sanidad se enfrentaba a los farmacéuticos valencianos asegurando que el acuerdo «no preveía» este cobro al cliente y en ningún momento se planteó en las negociaciones y que era una posición «unilateral y exclusiva» de la entidad profesional valenciana. Exclusiva no, porque desde el Colegio de Alicante advirtieron ayer de que se tenía que aclarar quién asumía los costes «al menos de implantación, no para sacar beneficio» y que, en esta cuestión las tres provincias irían de la mano en un posicionamiento «conjunto». Desde el Colegio profesional de Castelló todavía no se han posicionado al respecto.

Los farmacéuticos reivindican que para supervisar los test necesitarán contar con un profesional, unos equipos de protección, un espacio acondicionado y un tiempo para hacer el registro y todo bajo un protocolo «estricto» que supondrán un coste.

Con las posturas enfrentadas, desde la administración tampoco aclararon si las farmacias tienen potestad de exigir ese cobro al cliente, si se romperá el acuerdo o se asumirá el coste por parte de la administración, extremo que ayer reclamaban desde el grupo popular en las Corts como se ha hecho «en otras comunidades como Murcia», indicaba ayer su portavoz María José Catalá.

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