La Conselleria de Educación ha confirmado y oficializado que la próxima convocatoria de las oposiciones del cuerpo de maestros contará con 1.228 plazas de las 2.500 anunciadas inicialmente. Tal como ya había planteado, finalmente sí se reduce a la mitad la oferta de Infantil, Primaria y diferentes especialidades —convocando solo las plazas de reposición de jubilaciones— de un concurso que iba a realizarse en 2021 pero la pandemia retrasó, por lo que los aspirantes se han llevado un nuevo varapalo y muchos ahora ven reducidas sus opciones de conseguir una plaza.
Como ya explicó antes de final de año, la conselleria insiste en que el cambio se debe a la aprobación de la nueva ley estatal de medidas de urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y que se ofrecen todas las plazas posibles que dotan de «seguridad jurídica la convocatoria» y «no están afectadas por el marco legal que se está preparando».
De esta manera, la conselleria ha descartado renegociar o paralizar la convocatoria hasta que el Gobierno confirme todas las novedades, como solicitaban algunos sindicatos ya que Stepv, CC OO y CSIF rechazan de pleno la modificación de la oferta. De hecho, la FE CC OO PV ya ha convocado una protesta para el próximo miércoles ante la conselleria; mientras que Stepv anuncia que pedirá la suspensión cautelar de la convocatoria; y CSIF considera de «inadmisible» lo sucedido, por el perjuicio al profesorado aspirante.
No obstante, el Consell considera «fundamental avanzar en la consolidación de puestos de trabajo docente y poder corresponder al esfuerzo de miles de personas que preparan desde hace tiempo esta convocatoria», apuntaron ayer desde el departamento que dirige Vicent Marzà.
Temor a la judicialización
Educación defiende que la nueva norma impide sacar todas las plazas anunciadas en 2018 a concurso público, ya que una parte deberían adjudicarse en un proceso de estabilización que reconociera los méritos y experiencia de los interinos y evitar que la Administración abuse de la temporalidad.
Así, el nuevo marco legal ha obligado a la conselleria a redefinir la convocatoria —igual que a otras CC AA—, ante el temor de una hipotética judicialización del proceso si se ofertaran todas las plazas y luego cambiaran las reglas del ‘juego’, lo que podría afectar a miles de candidatos en un futuro, aunque ahora tampoco se descarta igualmente.
De hecho, Stepv difiere de la visión de Campanar y considera que una disposición adicional sí permite «incorporar plazas de reposición en el procedimiento de concurso de méritos y, por tanto, sí se ven afectadas por el decreto Iceta». Es decir, no ve motivos para diferenciar unas plazas de otras. Con todo esto, los sindicatos pidieron sin éxito en la Mesa Sectorial de Educación antes de navidad esperar a que el Gobierno desarrolle toda la letra pequeña o renegociar la oferta por completo.
Ahora, según la convocatoria publicada ayer en el DOGV, se convocan 453 plazas de Primaria; 388 de Infantil; 132 de Pedagogía Terapéutica (PT); 128 plazas de Inglés; 62 de Audición y Lenguaje (AyL); 34 de Educación Física, y 31 de Música, con una reserva del 10 % de las plazas de cada especialidad para personas con diversidad funcional igual o superior al 33 por ciento.
Los aspirantes tienen hasta el 31 de enero para inscribirse y la primera prueba se prevé para el 11 de junio. La fecha definitiva, la hora y el lugar donde deben acudir, así como la distribución de las personas aspirantes por tribunal, se determinará en la resolución de la lista definitiva. Cabe recordar que estas oposiciones cierran un ciclo histórico de oferta de empleo público docente que preveía cubrir hasta 13.000 plazas de 2018 a 2021 en la C.Valenciana.
«No hay ninguna justificación», según los sindicatos
Los sindicatos Stepv, CC OO PV y CSIF no han recibido con agrado la publicación de una convocatoria con menos plazas de las esperadas y arremeten duramente contra Educación.
La Federació d’Ensenyament de CC OO PV ha convocado una protesta para el miércoles de la próxima semana a las 12:00 h ante la conselleria, al considerar que los plazos aún permitían esperar, y creen que «no hay ninguna justificación» para un cambio que afecta a miles de docentes y aspirantes.
Por su parte, Stepv califica de «barbaridad y un castigo» no esperar a que el Gobierno complete los cambios en el Real Decreto, por lo que apunta que la decisión «es incomprensible y contra toda lógica».
Para CSIF, el recorte es «inadmisible» y también lamentan que en Campanar «no hayan esperado al sistema transitorio para el ingreso en la función pública docente y haya recortado, por propia iniciativa, casi 1.300 plazas respecto a la convocatoria inicial».
Por último, ANPE no valora la oferta pero pide que se incrementen los tribunales y se reduzcan las ratios de aspirantes, y reclama que se publiquen los criterios de evaluación y rúbricas con «suficiente antelación».
