La Audiencia Provincial albergó ayer el juicio del llamado caso de los sobres. Tras las declaraciones de los tres acusados y todos los testigos, la Fiscalía mantuvo la petición de libre absolución para Enric Nomdedéu, Ali Brancal y Miquel Torres, concejales los dos primeros y asesor el último del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de Castelló.

La cita, que se celebra con jurado popular en la capital de la Plana, trata de determinar si los tres acusados cometieron un delito de malversación de fondos públicos al presuntamente enviar, a través del servicio postal del consistorio, propaganda electoral relativa a las elecciones europeas de 2014. La acusación pide por ello tres años de cárcel para cada uno de los acusados y en el caso de Nomdedéu, actual secretario autonómico de Empleo, otros tres años por falsificación documental. Los hechos juzgados ocurrieron en 2014, pero no vieron la luz hasta cuatro años después, en 2018. En esa fecha, Juan José Pérez Macián, exconcejal del PP en Castelló y ahora denunciante, encontró, según indicó, 15 sobres en una caja de su despacho. Los había obtenido en 2014, cuando era teniente alcalde y concejal de Hacienda de la capital de la Plana.

Al respecto, Macián explicó que un viernes de mayo de 2014 recibió la llamada del jefe de Asuntos Internos, Carlos Limonge, quien le advertía de que «algo sospechoso» había detectado en cinco cajas que pretendía enviar el grupo municipal Compromís. Limonge, que también declaró ayer en la Audiencia Provincial, dijo que vio «unas carátulas de propaganda electoral», y que bloqueó el envío hasta recibir el visto bueno de su Macián, su superior. Ese visto bueno llegó después de que Nomdedéu, entonces portavoz de Compromís, firmara un requerimiento asegurando que en los sobres había lo que solían enviar periódicamente: el boletín de información municipal.

La defensa del principal acusado, Enric Nomdedéu, subrayó la «intención política» de la denuncia. Nomdedéu defendió la honestidad de su labor pasada como concejal y actual al frente de la secretaría autonómica de Empleo. «Soy serio, formal y no soy un delincuente», apuntó. «Después de este calvario sigo pensando que en los sobre había lo único que podía haber». Tanto él como los también acusados Brancal y Torres remarcaron que ni ordenaron ensobrar ni ensobraron aquellos sobres, al ser algo que no era de su competencia.