La ofensiva que ha puesto en marcha el PP contra el reparto de los fondos europeos del Gobierno y que capitanea la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, amenaza unas ayudas ya asignadas por el Ministerio de Trabajo a la Comunitat Valenciana que tienen como destino final colectivos vulnerables.
Así lo recoge el convenio entre la Generalitat y el Gobierno que ayer mismo publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE). Díaz Ayuso ha recurrido ante el Tribunal Supremo un reparto de ayudas de nueve millones que Trabajo va a transferir a la Comunitat Valenciana, País Vasco, Navarra y Extremadura y de los que dos millones los gestionará el Labora, el organismo autonómico que dirige las políticas de empleo.
El PP asegura que son ayudas discrecionales y su líder, Pablo Casado, incluso ha deslizado que pueden abrir la puerta a la corrupción. Pero el convenio señala que las ayudas valencianas recurridas por Díaz Ayuso se van a destinar a «colectivos especialmente vulnerables» y a proyectos de «emprendimiento y microempresas» que figuran incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.
La directora general de Labora y secretaria de Empleo del PSPV, Rocío Briones, explica que se trata de un proyecto experimental y que se ha elegido a una serie de autonomías porque en ellas concurren unas situaciones específicas. «La denuncia es puro victimismo de Ayuso y politización que ensucia el reparto de las ayudas de la UE, al contrario que cuando Madrid recibe fondos y nadie se queja y la verdad es que da rabia que el PP haga esto porque no creo que Madrid esté en disposición de quejarse», dice.
Entorpecer el reparto de ayudas
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, criticó ayer al PP por el recurso de Ayuso. «España tiene un problema grave, el de una oposición irresponsable», dijo. Según el jefe del Consell resulta intolerable que el PP «no ayude en esta crisis y entorpezca el éxito que suponen los fondos para la recuperación». Añade que es una «traición al interés general y la cohesión del país actuar desde un partidismo amoral», remarca.
«Es como cuando se reparten fondos para el regadío, lo normal es que Andalucía o la Comunitat Valenciana tengan más ayudas que Madrid», añadió Puig. «Cuando la primera oleada covid, Madrid fue la más beneficiada y lo reconocimos y nadie lo criticó. Por eso es indignante que Madrid, que se beneficia de la capitalidad acuda a los tribunales por un reparto de nueve millones y muestre voluntad de enfrentamiento por esta convocatoria», lamenta.
