Gemma Andrés llega a la entrevista con una carpeta llena de papeles. Despliega un sinfín de justificantes que muestran cómo paga religiosamente, cada mes, el alquiler. El mismo tocho de papeleo tienen el resto de vecinos, que acreditan que no fallan en ninguna cuota. Pero eso no ha impedido que la gestora contratada por la Sareb, dueña del edificio en el que viven en Puçol, les esté haciendo la vida imposible desde hace más de un año.
Los vecinos reciben cartas reclamando cantidades impagadas que son falsas, citaciones en el juzgado, cambios a última hora en el número de cuenta (que además al pagar resulta estar invalidado) incluso les han colocado carteles en sus coches y trasteros amenazando con que van a desalojar todo en una semana. Algunos incluso han recibido demandas de desahucio por supuestos (falsos) impagos que les obligan a contratar un abogado para demostrar la realidad en el juzgado.
Ninguno de esos documentos ha llegado nunca a nada porque los alquileres siguen vigentes y al corriente de pago, pero los afectados lo tienen claro: «Nos están haciendo la vida imposible para que nos vayamos», denuncia Gemma Andrés. En parte lo están consiguiendo, porque más de cinco familias ya han abandonado las viviendas antes de que acabara su contrato.
La responsable de esta presión es Haya Real Estate, una de las mayores gestoras de vivienda del estado y que se encarga, entre otros, de manejar grandes carteras de inmuebles comprados por fondos buitre como Cerberus. Los vecinos han intentando ponerse en contacto con ellos en incontables ocasiones, pero no hay nadie al otro lado. «La mayoría de los números de contacto no existen, y cuando consigues hablar te van derivando entre departamentos hasta que te cansas y cuelgas», denuncia Celso Sierra, uno de los afectados. Al intentar contactar con Sareb, la misma situación. «Con Haya ni siquiera nos proporcionan un número de teléfono normal, es un 902 y las llamadas nos pueden costar 20 y 30 euros», denuncia Gemma.
Renovar los contratos
La situación de los vecinos de la finca es diversa. En algunos casos, como el de Gemma, están en medio de una prórroga de seis meses que el Gobierno habilitó como parte del escudo social. Otras, como Begoña Tarazaga, tienen contrato hasta diciembre. En ambos casos el arrendamiento está vigente, pero eso no para a la gestora de seguir presionando.
La situación está en conocimiento de conselleria de Vivienda, que media con la Sareb para conseguir que se renueven los contratos de alquiler que oscilan entre los 300 y los 400 euros. Fuentes de la sociedad estatal aseguran que su intención es renovar los alquileres a los vecinos que estén al corriente de pago.
En marzo de 2021 la entidad tenía la intención de dejar en la calle a las 31 familias, pero Vivienda medió y en estos momentos, como explica la Directora General de Emergencia Habitacional Pura Peris, «estamos trabajando para conseguir la renovación de los contratos». La alcaldesa de Puçol, por su parte, ni siquiera se ha reunido con la Sareb y los afectados critican que no se implique.
Vivienda asegura que está al tanto de la situación y trabaja para que se renueven los contratos de alquiler
El edificio era propiedad originalmente de «Urbanas de Faitanar», una empresa que llegó a tener enormes problemas económicos, por lo que la Sareb acabó comprando el edificio en julio de 2020. «Durante varios meses pagábamos el alquiler directamente a Hacienda porque se lo tenían embargado», recuerda Begoña. Durante los primeros meses la Sareb se negó también a pagar la comunidad, hasta el punto que los vecinos estuvieron a punto del corte de suministros. Finalmente la mediación de Vivienda hizo que Sareb volviera a hacerse cargo de los costes.
Pero en segundo plano y de parte de la gestora se está ejerciendo una presión continua a los inquilinos para que desistan y se vayan del edificio. «De momento quedamos 17 de los 31 originales, muchas familias se rindieron y se fueron. Eso ha provocado que se enteraran de que hay pisos vacíos y han entrado varios ocupas conflictivos», lamenta Gemma, que cuenta que tuvo que ser operada recientemente de una úlcera en el estómago por el estrés; «hasta ese punto he llegado», critica.
Pablo Pryshchepa es uno de los vecinos que se enfrenta a una demanda de desahucio ahora mismo. Tiene hasta mayo para presentar los papeles correspondientes en el juzgado, en este caso los recibos de pagos al día que ya tiene impresos y muestra sin problema. Lo curioso de su caso es que no es la primera vez que le pasa, la historia se repitió el pasado mes de enero. Tuvo que consultar con su abogado, y después de semanas de idas y venidas a los juzgados demostrar que la gestora se equivocaba. “Además estábamos en plena pandemia y a los juzgados les costaba más responder”, dice. Mucho tiempo perdido que tuvo que afrontar al salir de trabajar en la mayoría de los casos. Le tocará volver a visitar a su abogado de nuevo.
«Te mandan esas cartas que hacen que te preocupes, e incluso demandas. Te hacen ir al juzgado varias mañanas enteras, recoger notificaciones, molestarte en imprimir todos los recibos que correspondan y luego presentarlos. Nos están haciendo la vida imposible», denuncia Celso.
Las vecinas que todavía quedan aguantan por una razón sencilla; “estamos aquí porque no nos podemos ir. No podemos pagar casi el doble de alquiler de golpe. Mira en cualquier lado a ver si encuentras alquileres por menos de 500 euros por la zona”, lamenta Gemma.
