El Gobierno central acaba de echar un jarro de agua fría a cualquier aspiración presente o futura de la Generalitat de asumir nuevas competencias no recogidas expresamente en el Estatut d’ Autonomia. El Ejecutivo de Pedro Sánchez solo estaría dispuesto a realizar transferencias de nuevas competencias en el caso de que el Consell promoviera (y lograra) una reforma de su norma estatutaria. Al menos, así se deduce de una respuesta parlamentaria dirigida recientemente al senador de Compromís Carles Mulet.
El cargo electo se interesó por la posible gestión del litoral valenciano por parte del Consell tras ser muy crítico con la dejación de responsabilidades que en su opinión hace el Gobierno en esta materia. Este último, sin embargo, deja claro que transferir las competencias sobre costas no es posible ya que el Estatuto valenciano no las incorporó en su reforma de 2006, como sí hicieron otras autonomías.
En su contestación a Mulet, el Gobierno alude al artículo 148.1.3ª de la Constitución Europea y a los estatutos de autonomía que asumieron «competencias en materia de ordenación de territorio, urbanismo y vivienda, puertos de interés autonómico, protección del medio ambiente, etc.».
El caso de otras comunidades
Añade que, a partir de mediados de la década de 2000, varias comunidades autónomas reformaron sus respectivas cartas magnas y asumieron funciones relacionadas «con la gestión del dominio público marítimo-terrestre que no estaban contempladas» anteriormente en los textos. Cita el caso de Cataluña y de Andalucía, que «asumieron nuevas funciones en materia de gestión de autorizaciones y concesiones en el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) de titularidad estatal y, en ambos casos, ya se materializaron los correspondientes traspasos».
Añade que los estatutos de Baleares y Canarias también se reformaron de forma similar y asumieron competencias en materia de otorgamiento de autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, aunque hasta la fecha no se han producido los correspondientes traspasos.
El Gobierno señala que no es el caso de la Comunitat Valenciana que, «a diferencia de las comunidades autónomas mencionadas, no se han asumido nuevas funciones en materia de gestión demanial vía estatutaria». La conclusión a la pregunta del senador de Compromís es directa. «No es posible transferir a la Generalitat Valenciana competencias en materia de costas, como tampoco lo es transferirlas a otras Comunidades Autónomas cuyo estatuto no ha sido modificado en ese sentido». Así las cosas, solo promoviendo una nueva reforma estatutaria, el Consell podría reclamar hacerse cargo de la gestión directa de las actuaciones relacionadas con el litoral valenciano.
Cláusula Camps
Pero la respuesta del Gobierno no solo cierra la puerta a una hipotética transferencia de costas. En la práctica y, aunque no alude a esta cuestión en ningún momento, viene a echar por tierra la conocida como la cláusula Camps. Una disposición que el expresidente de la Generalitat, quiso incorporar en la reforma estatutaria de 2006 que pactó con el PSPV para tratar de equiparse a otras comunidades que en sus estatutos hubieran alcanzado un mayor nivel competencial.
En concreto, la disposición adicional segunda, establece que «la Comunitat Valenciana velará por que el nivel de autogobierno establecido en el presente Estatuto sea actualizado en términos de igualdad con las otras comunidades autónomas. A este efecto cualquier ampliación de las competencias de las comunidades autónomas que no estén asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas a la C. Valenciana con anterioridad obligara, en su caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las correspondientes iniciativas para dicha actualización».
Para el Gobierno, sin embargo, esta cláusula no opera por si sola y sería necesaria una reforma estatutaria en la que se atribuyeran nuevas competencias. Mulet ve en la respuesta del Gobierno una oportunidad para que la Generalitat pueda hacerse con la gestión del litoral: « Lo dejan claro, si se reforma el Estatut con este punto, no tienen ningún impedimento en la transferencias de las competencias. Si todas las fuerzas políticas democráticas tenemos claro que Costas gestiona mal y a nivel autonómico lo haremos con más sensibilidad, tocaría impulsar esta reforma para asumir las competencias», apunta.
La respuesta del Gobierno se ciñe a la pregunta de Compromís sobre las competencias sobre costas, pero podría extenderse a la gestión de Cercanías, ya que la situación competencial es idéntica. Ya lo apunta el senador Mulet cuando afirma que «la situación de costas es semejante al de las tres confederaciones hidrográficas que afectan al territorio valenciano, o Renfe». «No invierten lo que necesitamos y son generadoras de problemas», apuntaba el senador. Se da la circunstancia de que la Generalitat sí ha pedido formalmente al Gobierno central el traspaso de competencias de Renfe y, aunque está en conversaciones, las pegas jurídicas que el Gobierno ve para las actuaciones en costas podría aplicarse a los ferrocarriles. En teoría, sería necesaria la reforma del Estatut.
Precisamente, en 2007 el Consell entonces presidido por el popular Francisco Camps ya intentó reclamar la gestión del servicio de Renfe y para ello aseguró que utilizaría la conocida como cláusula Camps, abocada a ser un brindis al sol.
El Gobierno, entonces presidido por el socialista Rodríguez Zapatero, no cerró la puerta. Mostró la «disposición del Gobierno central a dar siempre el mismo tratamiento a todas las comunidades».
No obstante, el Ejecutivo especificó que «es preciso verlo caso por caso, pero no hay ninguna duda de que, de la misma forma que en Cataluña estamos trabajando ya para hacer esa transferencia , también en otras comunidades autónomas será posible, si así lo solicitan», apuntó la entonces vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega.
