Con la aprobación el pasado diciembre de la ley de presupuestos y la de medidas fiscales de 2022, el Botànic ya ha aprobado en esta legislatura 16 leyes o remodelaciones de normas anteriores a las que se suman las 73 con las que concluyó la primera legislatura. Prácticamente 90 que podrían alcanzar el centenar en los 16 meses que quedan de legislatura hasta las próximas elecciones autonómicas, presumiblemente entre abril o mayo de 2023.
En el horizonte de los próximos meses aparecen leyes de gran calado como la creación de la tasa turística o la de Economía Circular. Pero en perspectiva, las decenas de normas aprobadas desde 2015, según recoge el archivo de las Corts, han supuesto ya un cambio sin parangón en el marco normativo valenciano, que ha permitido en casi siete años ampliar sobre todo derechos de muchas personas y colectivos que antes no tenían herramientas legales que pudieran protegerles, según señalan desde los partidos que sustentan al Consell, PSPV, Compromís y Unides Podem.
Los años de mayor efervescencia legislativa fueron 2017 y 2018, con 23 y 24 leyes aprobadas, algo inédito en la cámara. Solo en un ejercicio se aprobaron más leyes que en muchas legislaturas completas. Desde 2019 hasta hoy se ha modificado, entre otras, la ley de espectáculos y se ha regulado el juego y la prevención de la ludopatía. También se ha blindado el fondo de cooperación municipal, se ha reformado el Síndic de Greuges o la ley de Función Pública Valenciana, pendiente aún del reglamento sobre el requisito lingüístico, y hasta se ha protegido el palmeral de Elx.
Pero el verdadero salto normativo que blinda derechos hay que buscarlo en el primer Botànic, entre 2015 y 2019, los años de mayor frescura tras dos décadas de gobiernos del Partido Popular.
Leyes como la de servicios sociales inclusivos, derechos y garantías de la infancia y adolescencia, igualdad de personas LGTBI, el estatuto de personas con discapacidad, la renta de inclusión, la ley de memoria democrática, el derecho a la identidad y expresión de género o las normas que reducen la pobreza energética e implantan la función social de la vivienda son especialmente simbólicas para la izquierda.
En este tiempo también se han creado por ley organismos como las agencias contra el fraude y la corrupción, la de innovación o la de seguridad y respuesta rápida a las emergencias. También se han reabierto los medios públicos de radio y televisión y se ha creado el Consell del Audiovisual.
Y existe un sistema de alertas contras las malas prácticas en la Administración, se han regulado los grupos de interés, la transparencia en la Administración, las cuentas abiertas o la incompatibilidad y los conflictos de intereses de personas con públicos.
Orden en el urbanismo
También ha dado tiempo, como destacan desde el Botànic, a poner orden en el territorio y en el urbanismo, a crear una ley específica para proteger l’Horta de València, otra de espacios naturales o para legislar sobre la seguridad ferroviaria o para aplicar el plurilingüismo en el sistema educativo.
Igualmente, se abordaron derogaciones sonadas de leyes aprobadas en los años del PP como la de las señas de identidad del Pueblo Valenciano, que los populares ya han anunciado que recuperarán su gobiernan, o la de la protección de la maternidad.
Con todo, desde la eclosión de la pandemia la actividad legislativa ha decaído. En 2020, con la cámara cerrada varios meses, se aprobaron cuatro leyes y en 2021, ocho. El cambio de estos años está en que la iniciativa, especialmente por las medidas que se han aprobado para hacer frente a la pandemia, se ha traspasado de los grupos en las Corts al Consell. El decreto ley es una iniciativa prevista para legislar desde el gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad como ha ocurrido con la crisis sanitaria, por lo que el uso de esta herramienta ha crecido de forma significativa.
En esta legislatura se han presentado para su validación en las Corts 37 decretos ley frente a los 28 de toda la primera legislatura.
