La pandemia y la opacidad han resultado ser buenas compañeras de viaje. A esta conclusión podría llegarse con las últimas estadísticas publicadas por el Consell de Transparència, el organismo creado por el Botànic encargado de velar por la transparencia de las administraciones públicas, y donde la ciudadanía puede acudir cuando se encuentra con las puertas cerradas a la hora de acceder a expedientes o a cualquier tipo de información que la ley considera de acceso público. El ejercicio de 2021, hasta ahora el último pandémico de principio a fin, ha experimentado un importante incremento de reclamaciones dirigidas al citado organismo: un 46% más. Así, según los últimos datos publicados, ese año el Consell de Transparència atendió un total de 373 reclamaciones frente a las 255 atendidas el ejercicio anterior. Pero ya 2020 fue un año en el que el número de reclamaciones creció respecto a 2019, con 210 peticiones. Y ello, a pesar del primer estado de alarma, conllevo la paralización durante varias semanas de los procesos administrativos.
El análisis detallado de los expedientes apunta que el agujero negro informativo se produce la mayor parte de las veces en la administración local. Así, las reticencias de los ayuntamientos a la hora de atender a la ciudadanía acaban en reclamaciones ante este organismo. De hecho, prácticamente el 60% de las reclamaciones atendidas tuvieron su origen en los municipios. La segunda administración que más escritos ha generado son las conselleries: un centenar si en el recuento se incluye también Presidencia de la Generalitat, lo que supone en términos porcentuales el 25% de los casos. La proporción es similar a la registrada el año anterior.
El organismo atendió un total de 373 reclamaciones frente a las 255 atendidas el ejercicio anterior.
Por materias, los temas relacionados con Función Pública, es decir por información relacionada con el personal funcionarial o laboral, es la principal fuente de conflicto. Así, un total de 75 reclamaciones tienen este asunto como motivo principal. En segundo lugar, se encuentran los expedientes relacionados con el medioambiente. De hecho, se observa que en 2021 ha crecido de forma visible el interés ciudadano por acceder a información relacionada con temas medioambientales ya que el año pasado apenas generaron reclamaciones.
La información jurídica, municipal y los temas urbanísticos son las otras materias sobre las que de forma más significativa ha tenido que pronunciarse este organismo.
Con todo, sólo un tercio de las reclamaciones fueron estimadas. Una parte importante se cerraron "por pérdida sobrevenida del objeto", mientras que en otros casos se desestimaron por completo o sólo parcialmente.
El Consell de Transparencia está presidido por Ricardo García Macho y cuenta con cinco miembros elegidos por las Corts. Sin embargo, el órgano se encuentra pendiente de renovación (el mandato de varios expiró en diciembre de 2020), mientras está pendiente su propia reforma incluida en la futura ley de transparencia que se tramita en las Corts. Varios consejeros, entre ellos el propio presidente, llevan tiempo con la idea de dar por finiquitado su paso por el órgano, pero han decidido seguir en sus cargos para no dinamitar una institución que desde que se puso en marcha acumula una carga de trabajo importante. Sin embargo, sigue pendiente de un acuerdo sobre el texto que afecta a la condición de los miembros. El tripartito sigue pendiente de acuerdo sobre cómo configurar ese futuro consejo de Transparencia. La propuesta de ley presentada en las Corts (si bien ‘cocinada’ en el departamento que dirige Rosa Pérez) propone que el órgano se reduzca y en lugar de los actuales cinco miembros , se nombren tres personas, todas ellas con dedicación exclusiva y con rango de dirección general. El actual consejo sólo cobra dietas por asistencia a las reuniones.
