No es septiembre, pero en el Consorcio Provincial de Bomberos hay 432 trabajadores que este miércoles se han sentido como en su primer día de colegio. La plantilla que hasta el día anterior formaba parte de Divalterra ha estrenado empleo así como la condición de 'extrabajador' de la empresa pública de la diputación. Es el penúltimo paso para el fin de la antigua Imelsa, que espera su liquidación definitiva para el primer trimestre de 2022.

Divalterra se encamina a ser historia y qué hacer con la plantilla, en su mayoría brigadistas forestales, ha sido uno de los asuntos que más quebraderos de cabeza ha generado en la corporación provincial. Tras un acuerdo firmado en junio, se ha optado por la subrogación de contratos en el consorcio, un hecho que desde la diputación califican de "traspaso ordenado de personal y competencias" que permite, por una parte, que los servicios de las brigadas se continúan ofreciendo desde la entidad provincial y que los trabajadores "mantengan sus puestos e trabajo en iguales condiciones".

Este traspaso de personal ha obligado a la diputación a incrementar en 24 millones, hasta alcanzar los 54,6 millones, la partida del Consorcio de Bomberos en los presupuestos de 2022 para pagar las nuevas nóminas. En total, serán 1.200 trabajadores los que reforzarán la prevención y la extinción de incendios de la interfaz urbano-forestal a partir de esta entidad. "Tenemos una hoja de ruta clara para redimensionar el Consorcio de Bomberos, que empieza por una planificación organizativa y administrativa que implique el mejor futuro y servicio a la ciudadanía", defiende la presidenta del consorcio, titular de Medio Ambiente y vicepresidenta de la diputación, Maria Josep Amigó.

En este sentido, desgrana que habrá un acoplamiento "de manera ordenada", con una reorganización a medio de plazo para optimizar los recursos, aumentar la capacidad del servicio y fortalecer los procedimientos. Así, señala que las competencias de los bomberos están detalladas por ley y el acceso a esta categoría también está reglado mediante una oposición, por que la inclusión de las brigadas debe respetar "escrupulosamente" lo que marca la legislación vigente.

Pero todos los que están no son todos los que han sido. Una parte de la plantilla que formaba Divalterra no continuará trabajando. Son 87 exempleados que aceptaron acogerse a las bajas voluntarias propuestas por la empresa liquidadora que está pilotando el cierre de Divalterra. De los 87 trabajadores que se han acogido al ERE voluntario, y del que se desconoce el coste total en concepto de indemnizaciones, 81 son especialistas, capataces o conductores de Brigadas Forestales; 5 pertenecen a otras áreas de este servicio y una persona trabaja en el servicio de limpieza.

Otros, alrededor de una cincuentena, han sido incorporados a través de decretos a la Diputación de Valencia a partir de la figura de personal laboral no empleado público. Esto provocó el enfado del sindicato Intersindical que consideraba que estos traspasos se habían hecho a partir de puestos creados ex profeso. También hay críticas por parte del Sindicato Valenciano Republicano a la asunción por parte del Consorcio de Bomberos de la treintena de exempleados de Divalterra que se dedicaban a labores administrativas, un hecho por el que han presentado un recurso contencioso-administrativo.

Pero este inicio en el nuevo puesto de trabajo de 432 exempleados de Divalterra no ha supuesto el fin de la compañía pública a la que ha acompañado la polémica en los últimos años. Todavía se quedan tres responsables en la empresa para pilotar su fin, algo previsto para el primer trimestre, y para lo que hay destinados 600.000 euros en 2022.