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Ripoll sobre el plan de residuos: "Nadie me pidió ningún favor para cometer una ilegalidad"

El tribunal tumba la pretensión del expresidente del PP alicantino de apartar a dos de los magistrados que le están juzgando por el caso Brugal

Los acusados por el caso Brugal, ayer, durante la sesión del juicio. | ANTONIO AMORÓS

El expresidente del PP y de la Diputación de Alicante Joaquín Ripoll negó ayer que distintos empresarios se pusieran en contacto con él para influirle y pactar el contrato de la planta de residuos del plan zonal de la Vega Baja, que incluía la construcción de un vertedero para los 27 municipios de la comarca.

«Nadie me influyó en el plan Zonal ni lo hubiera permitido», sostuvo Ripoll para defender su inocencia en la primera jornada tras las cuestiones previas del juicio del caso Brugal, en el que está acusado de amañar la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja entre 2008 y 2009 y en el que también declararon como acusados los empresarios Ángel Fenoll y Antonio Ángel Fenoll y Rafael Gregori. El expresidente de la diputación alicantina negó la existencia de otros informes alternativos a la comisión técnica y aesguró que siguió el proceso legal establecido y que no compartió «opiniones», ni se relacionó con miembros de la comisión.

Ortiz niega presiones

El empresario Enrique Ortiz sostuvo que su «relación con Ripoll era de carácter institucional. Yo era agente público y adjudicatario». La causa del plan zonal de la Vega Baja es una de las veinte piezas separadas del caso Brugal,iniciado por supuestas anomalías en la concesión de la contrata de recogida de la basura del municipio de Orihuela.

Ripoll recordó que este plan zonal de la Vega Baja estaba conformado por una comisión en la que la diputación «solo tenía el 15 % de los votos», al tiempo que defendió que a la hora de la adjudicación, el órgano de contratación era la junta de gobierno.

Anticorrupción considera que, entre 2008 y 2009, Ripoll auspició un pacto entre los aspirantes al contrato del vertedero del plan zonal por el que otro empresario, Enrique Ortiz, lograba la adjudicación, pero compraba una finca a Fenoll para compensarle. La Fiscalía solicita penas que suman 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación para Ripoll al considerarle responsable de los delitos de cohecho continuado, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, y fraude.

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