Como si de la tos o la fiebre se tratara a la hora de alertar sobre un posible contagio de covid, tardar más de un mes en que un ayuntamiento pague a sus proveedores es un síntoma de alarma para el Ministerio de Hacienda, un problema que quiere solventar con un mecanismo de pago extraordinario de 2.000 millones de euros para 2022 al que podrían recurrir hasta 152 entidades locales de la Comunitat Valenciana.
El Ministerio de Hacienda ha incluido a 152 corporaciones municipales valencianas (ya que a los consistorios se les une también diputaciones) entre aquellas que podrían solicitar incorporarse a este nuevo plan de ajuste que permitiría a los proveedores que no han cobrado solicitar directamente al ministerio el pago de esta deuda. Eso sí, renunciando a los intereses de demora.
Estos 151 municipios al que se le suma la Diputación de Valencia son aquellos que, según explican desde el departamento que dirige María Jesús Montero, han tardado más de 30 días en cumplir sus obligaciones con sus proveedores en diciembre de 2020 o en marzo o junio de 2021. Es decir, el ministerio ha detectado que cerca de un centenar y medio de entidades locales no han pagado en el último año y medio cuando tocaba.
La diputación defiende que incumplió en junio por problemas de burocracia y no por falta de liquidez
El objetivo de este mecanismo extraordinario es cancelar toda la deuda comercial anterior a julio de 2021 y adecuar a las administraciones públicas las directrices europeas contra la morosidad, un problema que, según las cifras del ministerio, habría afectado a menos de un 30 % de los 542 ayuntamientos que conforman la Comunitat Valenciana.
En el listado hecho público por Hacienda, la presencia es variada y destacan grandes municipios como Torrevieja, Elx o Mislata, y otros pequeños como Ares del Maestrat o Macastre así como las empresas públicas que forman parte de su administración.
No obstante, formar parte del listado del ministerio no significa que haya problemas de pago alguno ni que, por lo tanto, vayan a echar mano de este mecanismo, según explican entidades incorporadas. Entre ellas está el ayuntamiento de Mislata, incluida en la lista de los 152, y desde el que especifican que no se van a acoger a la propuesta del ministerio ya que actualmente aseguran contar con los mejores datos de pago medio de los últimos 10 años.
Algo similar a lo que ocurre en la Diputación de Valencia, una de las cinco entidades provinciales que se encuentra en el informe de Hacienda. Así, según indican fuentes de la corporación provincial, el único momento en el que se incumplió fue en junio de 2021, en el que se dio un incumplimiento "global" en estos 30 días. Pero el problema no fue que faltara liquidez, es decir, dinero, sino que fue la lentitud de la tramitación, esto es, la burocracia.
