El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv) ha anulado el decreto 204/2018 de 16 de noviembre del Consell que establecía una distancia mínima de 700 metros entre salones de juego.
La sentencia declara contrario a derecho y anula esa norma de 2018 del Consell del Botànic, que modificaba varios artículos del Reglamento de salones recreativos y salones de juego de 2015 para establecer la prohibición de «la instalación de nuevos salones de juego, así como el cambio de clasificación de salón recreativo a salón de juego, cuando exista otro u otros salones de juego autorizados dentro de un radio de 700 metros, medidos desde cada una de las puertas de acceso del que se pretende instalar».
Para la Unión de Trabajadores de Salones de Juego (Utsaju) esta sentencia, «supone un éxito jurídico y moral para el sector del juego privado en la Comunitat». A su juicio, la resolución «le deja claro a la administración que la regulación de este sector debe adecuarse a ordenamiento jurídico». El sector considera que «los trabajadores de los salones, a los que el Botànic condena al paro, son las víctimas de una regulación injusta y arbitraria».
Una nueva regulación
En este intervalo de tiempo, el pleno de las Corts aprobó en mayo de 2020 la ley de regulación del juego y de prevención de la ludopatía, que introduce como novedades que las máquinas tragaperras que están dentro de locales de hostelería contarán con un mecanismo de activación y desactivación y no podrán emitir luz y sonido mientras no estén siendo usadas. Asimismo, plantea la eliminación progresiva de las máquinas auxiliares de apuestas y establece una distancia mínima para salones de juego y casas de apuestas de 850 metros respecto a centros escolares. Con posterioridad, el pleno del Consell aprobó en julio de 2021 un decreto de medidas urgentes para facilitar la aplicación de la ley.
Fuentes de la Conselleria de Hacienda aseguran que el decreto anulado ya no está en vigor y que desde que se interpuso la demanda en febrero de 2019, se ha aprobado una nueva Ley del juego (1/2020) y el decreto por el que se desarrolla, por tanto, no afecta en ningún caso a normativa en vigor porque el objeto de la demanda ya ha sido sustituido por una nueva legislación.
«Creemos que la fijación de las distancias es competencia del Consell, justificada en la normativa en vigor por interés general, siendo proporcionadas y no discriminatorias, tal y como tienen todas las comunidades y como ha respaldado el Ministerio de Asuntos Económicos», apuntan desde el Consell.
