El titular del juzgado de instrucción número 4 de València ha emitido auto de apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial contra los exalcaldes de Yátova, Rafael Lisarde Cifre, y de Siete Aguas, Rafael Zahonero Ferrer, ambos del Partido Popular; y contra el exconcejal del PP de Buñol y exdirector general de Formación Profesional, Marcial Díaz Garrigues.
Los tres políticos del PP figuran en la causa como investigados por sendos supuestos delitos de falsedad en documento público y de estafa. Además, está acusada Desirée Franco Latorre, funcionaria de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol y persona de confianza de Lisarde y Díaz en esta institución comarcal y en la denominada Fundación Desarroya. Igualmente, se sentarán en el banquillo como responsables civiles subsidiarios los legales representantes de la Asociación del Llano de Chiva a la Plana de Utiel, y los dos organismos citados: la Mancomunidad de la Hoya de Buñol y la Fundación Desarroya.
El juez ha impuesto una fianza solidaria de 122.000 euros a todas las personas y entidades citadas, que serán juzgadas en la Audiencia Provincial tras un complejo procedimiento judicial, que se inició en 2015. En caso de no disponer de ese dinero, se procederá a embargarles bienes.
La investigación judicial empezó por la denuncia presentada por los exsecretarios generales del PSOE de Buñol y Yátova, y por una exfuncionaria de la Generalitat ante la Fiscalía Provincial.
Las supuestas irregularidades que se investigan aquí están relacionadas con la gestión presuntamente fraudulenta de fondos europeos Feader en las subvenciones entregadas y ejecutadas en el programa Leader-Ruralter, que regaron la comarca de la Hoya de Buñol entre 2009 y 2013, en el marco del Plan de Desarrollo Rural de 2007 a 2013.
La fiscal pide seis años de prisión para todos los acusados así como la privación del derecho de sufragio pasivo y que se les imponga una multa de 20 euros diarios durante 12 meses, según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Levante-EMV.
Por ende, el ministerio público propone que los investigados y las entidades mencionadas -Mancomunidad de la Hoya de Buñol, la Asociación del Llano de Chiva y la Fundación Desarroya- indemnicen a Feader con cerca de 37.000 euros más el interés legal; al Ministerio de Medio Ambiente, con 977 euros más el interés , y a la Conselleria de Agricultura, con cerca de 62.000 euros más los intereses. No en vano, las ayudas que se concedieron de forma fraudulenta eran aportadas en un 62,5% por Agricultura, en un 36,5% por Europa y en un 1% por el ministerio.
Los hechos ocurrieron entre 2009 y 2013 y tienen que ver con las subvenciones que se tramitaron y seleccionaron desde el Grupo de Acción Local de la Asociación del Llano de Chiva, que luego eran validados en la Conselleria y aprobados. El informe de la fiscal acusa a estas autoridades y a los funcionarios en cuestión, presuntamente, de haber obtenido «el enriquecimiento particular a costa y en perjuicio de fondos obtenidos de la financiacion conjunta de Fondos Europeos, de Fondos Estatales y de la Generalitat Valenciana».
Además, se dice que los investigados ocuparon «cargos de naturaleza pública y privada de los que se han servido (...) de manera injusta y para su propio beneficio».
