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Entrevista
Magistrado y autor de «La patria en la cartera»

Joaquim Bosch: "La corrupción política valenciana ha llegado a parecerse a la de Centroamérica"

El juez defiende que ni la Transición ni la democracia acotaron las malas prácticas heredadas del franquismo que aún perviven

El magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia en la C. Valenciana, Joaquim Bosch.

Joaquim Bosch homenajea en su último libro a Joan Fuster, en el centenario de su nacimiento. «La patria en la cartera» tiene la misma estructura que «Nosaltres els valencians»: los hechos y los problemas. Para el magistrado «la propia figura de Fuster es un ejemplo de que la transición no fue un periodo idílico: los atentados con bombas que sufrió hicieron que dejara de intervenir en la vida pública y que su voz dejara de escucharse.

Defiende que la democracia no rompió con las practicas fraudulentas del franquismo...

Hay prácticas de la dictadura y hábitos sociológicos con continuidad hasta ahora. Es absurdo culpabilizar al régimen de Franco de la situación actual. Pero para resolverla debemos analizar qué fue el franquismo y sus redes clientelares. De los 50 últimos ministros de Franco la mitad siguieron en política y la otra mitad en consejos de administración de las grandes empresas del país.

¿Franco era un corrupto, un corruptor, o ambas cosas?

Franco era un dictador en la cúspide de un sistema corrompido que afectaba a ministros, generales, empresarios y escalones inferiores en todos los territorios. Franco se enriqueció con practicas corruptas y utilizó la corrupción para controlar a sus subordinados. Entendió que los intereses unen mas que la ideología.

Algunas grandes fortunas del país se cimentaron en prácticas corruptas antes y durante el franquismo (Juan March, Demetrio Carceller o Diego Barrié de la Maza). ¿Ha faltado una segunda transición?

La dictadura franquista fue un régimen de corrupción generalizada. Por eso llama más la atención que, al morir Franco, no hubiera la mas mínima investigación o auditoría sobre la corrupción de ese régimen. La transición resolvió el problema ignorándolo.

Batallar contra la corrupción no fue una prioridad durante la transición. ¿Lo es ahora?

En los primeros años de democracia no se adoptaron medidas estructurales para acotar las malas practicas. Los partidos se adaptaron a la situación en lugar de modificarla. Las medidas contra la corrupción podían restar poder a los partidos y hay un temor a impulsar cambios que nos equiparen a otros países. Por ejemplo con los 100.000 cargos de designación directa o de confianza que dependen de los partidos. No hay equivalentes en otros países. Acabar con estas dinámicas sería saludable.

La primera ley de incompatibilidades es de la II República. La de tráfico de influencias de los 90. La financiación ilegal de partidos no se incluyó hasta 2015.

No ha habido voluntad política suficiente para acabar con la corrupción. Tras los casos Naseiro y Filesa se aprobó en 1995 el Código Penal de la democracia que no reguló la financiación ilegal de los partidos y que permite agujeros para la corrupción: adjudicar obras a personas cercanas o a tramas corruptas. La ley última ley de contratos es de 2017 y se aprobó a instancias de una directiva europea, pero fuera de plazo y con insuficiente protección para los denunciantes de corrupción.

La evasión de capitales, especialmente a Suiza, era habitual en el franquismo. La vida sigue igual en democracia.

Hay una diferencia. En la dictadura la impunidad era absoluta. Ningún juez podía investigar a un ministro o a Franco. Ahora se ven conductas semejantes, pero hemos visto a políticos en prisión, algunos en la Comunitat Valenciana, a pesar de todas las insuficiencias que seguimos teniendo para perseguir la corrupción.

Los problemas con la corrupción de Alfonso XIII se han repetido en su nieto, Juan Carlos I. La inmunidad se vuelve impunidad. ¿Debería eliminarse la inmunidad del rey? .

La inviolabilidad supone una diferencia de trato no justificada. Puede haber matices en los elementos de protección jurídica, pero no pueden tener carácter abusivo, porque si permite que un jefe de Estado pueda cometer delitos, la inviolabilidad es una invitación a la impunidad y a poder delinquir. En una sociedad democrática el jefe de Estado debe rendir cuentas actuar con transparencia. Si los cargos políticos tienen que informar de su patrimonio, no tiene demasiado sentido que el dinero publico de la casa del rey no se gestione con la misma transparencia.

¿Qué medidas deberían impulsar los partidos para creerse que luchan contra la corrupción?

En primer lugar incrementar las medidas de prevención para evitar que sea sencillo adjudicar los contratos públicos a tramas corruptas. Es más importante evitar que se produzca el delito a través de la prevención que castigarlo cuando ya se ha cometido. Se deberían incrementar los mecanismos de transparencia y de creación de infraestructuras éticas para que exista un mayor control sobre la corrupción. Esto debería acompañarse de mayores controles internos. Es llamativo que se hayan producido tantos casos de corrupción y que desde dentro de las instituciones no hayan saltado apenas alarmas. Es una muestra de cómo se han debilitado las medidas de supervisión interna. Por otro lado es muy importante cambiar las estructuras internas de los partidos para que su funcionamiento sea más democrático, para que el sistema electoral permita castigar a los corruptos a través de listas desbloqueadas. Y en última instancia reforzar nuestro sistema de separación de poderes y la imparcialidad de los organismos de vigilancia institucional. Todo lo que digo es lo que existe en los paises europeos más avanzados como Dinamarca, Alemania, Holanda, etc.

¿Que la justicia no tenga los mismos medios que la Agencia Tributaria o la DGT es buscada para restar su eficacia?

En politica casi nada sucede por casualidad. Podemos pensar que hay un mal año presupuestariamente. Una mala legislatura. Pero cuando se suceden los años y las legislaturas y no cambia nada en justicia debemos pensar que esto no ocurre por casualidad sino por voluntad. Al menos por omisión negligente. Mi impresión es que la dictadura tuvo una concepción instrumental de la justicia, que consistía en que era un instrumento al servicio del gobierno. Esa concepción del franquismo pasaron en parte a parte de los principales partidos democráticos, que no llegaron a concebir la necesidad de un sistema sólido de separación de poderes. Esto explica por un lado la falta de instrumentos de la justicia. Y por otro lado explica todas estas batallas por el control de la cúpula judicial que generan cierto bochorno, como que el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esté caducado más de tres años. Esto es inadmisible. No deja de provocar reflexiones necesarias que en este país haya un grandísimo debate sobre como se soluciona el bloqueo de la cúpula judicial, en el que están inmerso los grandes partidos. Un debate que llena por completo sesiones del congreso, que está en las portadas de los medios, pero que jamas haya habido un debate de estado sobre la falta de medios en la justicia. Una justicia que no interesa para hacerla eficiente y para dotarla de instrumentos, pero sí interesa para ver cómo se puede controlar mejor su cúpula.

La Fiscalia y los juzgados ni siquieran tienen el mismo sistema informático de trabajo.

Sí. Y las comunidades autónomas entre sí, que son incompatibles los sistemas. Eso demuestra que no sólo hay un problema de inversión económica sino también de responsabildad institucional para resolver los problemas a través de una atención suficiente.

¿Qué le parece que a los tres magistrados que investigan las causas de corrupción más voluminosas le hayan retirado los refuerzos?

La carencia de medios, de refuerzos y de instrumentos en conjunto es una característica muy frecuente en el ámbito valenciano y en muchos otros ámbitos que demuestra que a menudo no existe una prioridad en que los procedimientos acaben en plazos razonables. Esto no es de ahora. Recordemos el Caso Fabra que se dilató más de diez años en gran parte porque no había instrumentos de refuerzo suficientes, e incluso llegaron a retirarse en su momento. Este problema de falta de medios es una deficiencia más en el conjunto de un sistema institucional que no está pensando para resolver la corrupción en plazos razonables.  

¿El hecho de que el despilfarro no sea delito, es un síntoma de que asumimos la corrupción?.

Hay que abrir una reflexión. En todos los casos de corrupción se han producido enormes sobrecostes. En muchos supuestos de despilfarro se ha generado el hueco para la corrupción.

¿Tiene algún corrupto favorito?

Ningún corrupto está entre mis favoritos. Pero sí que hay un fenómeno en esta tierra al que debemos prestar atención. No hay equivalente a lo que ha pasado en la Comunitat Valenciana. Ni de lejos. Han sido condenados, investigados o en prisión provisional, presidentes de la Generalitat, consellers, presidentes de las tres diputaciones, alcaldes y concejales a niveles muy elevados. No hay punto de comparación en ninguna parte de Europa. La corrupción política valenciana ha llegado a parecerse a la de Centroamérica, porque llegaba a todos los espacios públicos en el ámbito político. Y nos tendría que hacer reflexionar cómo hemos llegado a esta situación.

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