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La España despoblada reclama más peso al envejecimiento y la dispersión en el reparto

Las comunidades del bloque noroeste presionan al ministerio para no perder recursos con la reforma

Adrián barbón, Miguel Ángel Revilla, Alberto Núñez Feijóo y Emiliano García Page.

Que la propuesta del Ministerio de Hacienda no termina de convencer es algo que parece haber puesto de acuerdo al comité de expertos valencianos y a las comunidades del noroeste, la llamada España despoblada. No en vano, si la Generalitat Valenciana presionará al departamento que dirige María Jesús Montero a través de alegaciones que primen más el peso de la población en el reparto, autonomías como Cantabria, Galicia o Castilla y León lo harán para que gane fuerza el coste real de los servicios

Una de las comunidades que más ha mostrado su rechazo al borrador ministerial es la cántabra. Como un "puro disparate" la calificó el Miguel Ángel Revilla quien anunció que su ejecutivo la "va a replicar contundentemente" a través de las enmiendas. Esta autonomía es la más beneficiada por el actual reparto (recibe 850 euros más por persona que la Comunitat Valenciana) y su máximo representante asegura que el cambio planteado por el Gobierno le haría perder entre 250 y 500 millones al año. 

Entre las principales alegaciones que presentará irán orientadas a “mantener el statu quo", es decir, que no pueda recibir menos de lo que ya recibe; incrementar la ponderación del envejecimiento poblacional y la dispersión como motivos de mayor reparto así como incorporar el coste de la dispersión en la variable de sanidad", considerar la orografía como "variable propia" y "repartir la partida de costes fijos entre quienes lo necesitan de verdad”.

Las comunidades del noroeste y las mediterráneas coinciden en pedir que el nuevo sistema elimine fondos extraordinarios que desvirtúen el reparto

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Los planteamientos cántabros tienen su continuidad en el resto de comunidades del norte. Así, los representantes de la Junta de Castilla y León reclaman que en el futuro modelo se tenga más en cuenta la dispersión y que no pierda peso el envejecimiento mientras que Asturias, a través de su presidente, Adrián Barbón, asegura que no aceptará un modelo que le suponga disponer de menos recursos de los que recibe ahora para lo que el Estado debería incrementar su aportación al sistema autonómico. 

En esa misma línea están tanto Aragón como Galicia. Respecto a los segundos, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, planteará una enmienda que comparten desde el Consell: simplificar el reparto a partir de la eliminación de fondos extra que desvirtúan el reparto final y le restan transparencia. Eso sí, también insistirá en que se dé más importancia a la dispersión que considera "infravalorada" en la propuesta. En Aragón, por su parte, se han mostrado más cercanos al esqueleto planteado por el ministerio, aunque insisten también en incrementar el peso de la dispersión.

Por su parte, la Comunitat Valenciana tendrá como aliadas a la Región de Murcia y a Andalucía que también reclamarán que la población tenga una mayor relevancia en el cálculo. En una reunión entre los consejeros de Hacienda de ambas autonomías la semana pasada, pidieron un blindaje similar al del sistema de pensiones con el fin de que los recursos no disminuyan según los ciclos económicos y que el Estado incorpore más dinero al sistema. También urgen a un fondo transitorio de nivelación que compense la infrafinanciación hasta que la reforma se apruebe, algo que, desde el Ministerio de Hacienda, no creen que sea en este 2022. Y quién sabe si en un 2023 electoral.

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