Las oficinas de extranjería en València tardan más de siete meses en resolver permisos de trabajo y arraigo social pese a que la administración tiene la obligación de responder como máximo en 90 días, según denuncian asociaciones del tercer sector y confirma este periódico.
Muchos casos son solicitudes presentadas en mayo de 2021 y resueltas hace pocos días, o que llegaron a la Administración en el mes de junio y que todavía no han recibido respuesta. Esta demora en los permisos está provocando que algunas personas migrantes hayan perdido un contrato de trabajo, se les haya cerrado la cuenta bancaria o dado de baja de la Seguridad Social por no tener la documentación en regla.
Paco Solans, portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas, confirma que esta situación de colapso se está dando en las grandes urbes (Madrid, Barcelona y València) y recuerda que la administración está incumpliendo sistemáticamente el plazo de tres meses que tiene para responder. “Curiosamente en los procesos que se dan por aceptados si hay silencio administrativo sí que están contestando”, critica Solans.
La Administración tiene la obligación de responder a estas solicitudes en un máximo de tres meses, pero acumula expedientes del mes de junio de 2021
Extranjería confirma que estos retrasos se están produciendo, aunque aseguran que solo en los procesos de arraigo. Los motivos del atasco, apuntan, son la gran cantidad de bajas entre funcionarios por la covid-19 y la reciente sentencia del Supremo que relaja los criterios para el arraigo laboral y que ha provocado que muchos extranjeros presenten solicitudes para regularizar su situación por esta vía, incluso algunas de ellas rechazadas pero que, con la nueva interpretación de la norma se les podría abrir la puerta. En concreto señalan que han aumentado las solicitudes de arraigo social un 15 %. Extranjería insiste en que se está trabajando en ello para volver lo antes posible a la normalidad.
El arraigo social se da cuando una persona lleva más de tres años en España sin documentación y consigue un trabajo de un año a jornada completa (entre otros muchos requisitos). Según la ley de extranjería se trata de una “circunstancia excepcional”, pero en la práctica muchísimos extranjeros regularizan su situación por esta vía, lo que provoca que acaben en la economía sumergida durante al menos esos 36 meses.
Solans asegura que es cierta la gran carga de trabajo para los funcionarios, pero dice que las oficinas de extranjería se encuentran “en una especie de huelga de celo”. “La Administración está aplicando a rajatabla el reglamento y pide requisitos leoninos para cualquier trámite, con lo cual se colapsa todo”. “Hoy mismo -prosigue Solans- me han denegado un permiso de reagrupación familiar porque no estaba bien marcado el epígrafe e ‘reagrupación familiar’. O por aportar un precontrato en lugar de un contrato. Suceden cosas rocambolescas que atascan todo”, critica Solans.
Perder el trabajo por un retraso del permiso
Samira es una mujer colombiana que se ha ganado la vida durante tres años como trabajadora del hogar, pese a tener estudios de auxiliar de enfermería. En mayo de 2021 presentó, por fin, su solicitud de arraigo social, para la que le piden (entre muchos otros requisitos leoninos) un contrato de un año a jornada completa. Todo estaba pactado con su empleadora, pero “ha pasado tanto tiempo que se cansó de esperar y me ha dado de baja en la Seguridad Social”, cuenta.
Su solicitud se resolvió hace unos pocos días, pero ya no tiene contrato que adjuntar y se ha quedado sin empleo. Cuenta que “me han dado un mes de plazo para conseguir otro trabajo de un año a jornada completa, y si no tengo que volver a presentar todo desde cero otra vez”. Asegura que hay muchos más casos de mujeres migrantes que se han quedado sin contrato o que todavía están a la espera de que se resuelva su solicitud tras más de siete meses.
Como remarca Solans “imagina a cualquier empresario que ofrece un puesto de trabajo de un año a jornada completa, pero que después de 7 meses no tiene respuesta sobre si puede poner a trabajar o no a esa persona. Lo que va a hacer es, o buscar otro empleado, que sería lo más normal del mundo, o poner a trabajar ilegalmente a esa persona y de hecho la administración con este atasco está fomentando este tipo de prácticas”.
En la economía sumergida
Samira estuvo "buscándola" más de tres años en la economía sumergida, ante la imposibilidad de regularizar su situación y con la promesa de que tras esa penitencia llegaría su arraigo social. "Mucha gente se aprovechó de mi, me tuvieron explotada en varios lugares. Por ejemplo, en un restaurante en pleno centro de València donde me cogieron para limpiar los baños y me dijeron que me pagaban 6 euros la hora. Al tiempo me convertí en la pela patatas, en la pela cebollas, luego en la camarera, en la que recogía las mesas... Terminaba a las dos de la mañana completamente rota. Así fue durante un mes, y cuando acabó me dijeron que me iban a pagar solo tres euros la hora. Cuando le dije que no es lo que habíamos acordado el jefe me contestó 'cógelo o déjalo, porque tú eres ilegal'".
Y "por miedo" Samira no denunció. "Es el terror que tenemos los inmigrantes a denunciar esas injusticias porque los que podemos acabar mal somos nosotras", lamenta. Después de esto tuvo empleos cuidando a mujeres mayores con Alzheimer y Parkinson, y a otra de ellas con la que acabó "con la espalda rota" por su peso que tenía que mover ella sola sin ayuda. "Te van llamando para tres horas, cinco semanales, así andábamos", cuenta. Tras tres años, por fin pudo presentar el arraigo, pero esta demora de siete meses le ha hecho perder su primer contrato de trabajo digno con el que iba a cotizar a la Seguridad Social. Tiene un mes para encontrar otro, pese a que el retraso que le ha impedido cotizar no es responsabilidad suya.
